El Senado convirtió en ley, luego de los cambios introducidos en la Cámara baja, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la restitución de la Ley de Tierras Rurales de 2011, derogada por el DNU 70/2023.
Además de restablecer el régimen de protección de tierras rurales, la norma establece mecanismos para acelerar los desalojos de inmuebles usurpados, restringe las condiciones para las expropiaciones estatales y modifica el sistema de regularización dominial para facilitar el acceso a escrituras de viviendas.
Durante su tratamiento inicial en el Senado, en agosto, el Gobierno debió retirar los capítulos referidos a la extranjerización de tierras rurales y a la Ley de Manejo del Fuego ante la falta de consenso para conseguir su aprobación.
Posteriormente, Diputados introdujo nuevas modificaciones y reincorporó la Ley de Tierras. La decisión estuvo vinculada con la controversia judicial generada por el DNU 70/2023, que había derogado esa normativa. El Gobierno buscó evitar que la oposición avanzara con una ofensiva parlamentaria contra el decreto y terminó aceptando una solución que implicó restablecer los límites que originalmente pretendía eliminar.
Finalmente, la Cámara alta aceptó los cambios de Diputados y convirtió la iniciativa en ley.
Vuelve la Ley de Tierras
La restitución de la Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011, representa uno de los cambios políticos más relevantes de la nueva legislación. La norma había sido derogada por el artículo 154 del DNU 70/2023, pero ahora recupera plena vigencia a partir de dos artículos incorporados durante el tratamiento en Diputados.
El artículo 38 deja sin efecto aquella disposición del decreto de necesidad y urgencia, mientras que el artículo 39 restablece expresamente la Ley de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
De esta manera, vuelven a regir los siguientes límites:
- 15%: es el máximo de tierras rurales que puede estar en manos extranjeras en el territorio nacional. El mismo porcentaje se aplica sobre la superficie rural de cada provincia y municipio o jurisdicción equivalente.
- 30%: es el límite que puede representar una misma nacionalidad extranjera dentro del porcentaje permitido para la propiedad extranjera.
- 000 hectáreas: es el máximo que puede poseer un mismo titular extranjero en la zona núcleo, aunque se contemplan superficies equivalentes según la ubicación y calidad productiva de los terrenos
Además, la legislación prohíbe la titularidad o posesión extranjera de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, así como de propiedades ubicadas en zonas de seguridad de frontera, con las excepciones previstas legalmente.
La restitución de esta normativa supone un giro respecto de la posición inicial del Gobierno, que había incluido en su proyecto la eliminación de las restricciones a la compra de campos por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.
Desalojos exprés: cómo funcionará el nuevo mecanismo
Otro de los capítulos centrales de la ley modifica los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente. La iniciativa apunta a reducir los tiempos de los litigios y establece que las acciones de desalojo de propiedades urbanas y rurales se tramiten mediante un procedimiento sumarísimo, es decir, una de las vías judiciales más breves previstas en el ordenamiento procesal.
En los casos de usurpaciones o tenencias precarias, el propietario podrá solicitar la restitución anticipada del inmueble. El juez estará facultado para ordenar la entrega inmediata cuando considere verosímil el derecho invocado y se cumplan las condiciones previstas en la norma, entre ellas la presentación de una caución juratoria.
También se contempla la posibilidad de intimar al ocupante a devolver la propiedad dentro de las 72 horas, siempre que el reclamante acredite documentalmente su titularidad.
La reforma, sin embargo, establece un tratamiento diferente para los conflictos derivados de contratos de alquiler. Cuando el desalojo se origine en la falta de pago, el propietario deberá intimar previamente al inquilino mediante una notificación fehaciente y concederle un plazo mínimo de diez días corridos para cancelar la deuda.
La comunicación podrá realizarse en el domicilio denunciado en el contrato, incluso si se trata de un domicilio electrónico. Una vez vencido ese plazo sin que se regularice la situación, el locador podrá iniciar la demanda judicial.
Expropiaciones: mayores restricciones para el Estado
La nueva legislación también introduce modificaciones en la Ley 21.499 de Expropiaciones y establece mayores exigencias para que el Estado pueda declarar un inmueble de utilidad pública.
A partir de ahora, esa declaración deberá interpretarse de manera restrictiva y fundamentar de forma específica y concreta cuál es el objetivo perseguido. Además, la expropiación deberá resultar idónea, necesaria y proporcional para alcanzar esa finalidad.
En cuanto a las indemnizaciones, se establece que deberán contemplar el valor objetivo del bien, tomando como referencia su precio de mercado cuando pueda determinarse, además de los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación.
La norma también incorpora el reconocimiento del lucro cesante, es decir, las ganancias que el propietario deja de percibir como consecuencia de la pérdida del inmueble. Para ello, deberán acreditarse mediante pruebas objetivas y suficientes.
Como regla general, ese concepto no podrá superar el equivalente al 30% del valor del daño emergente, aunque la ley contempla una excepción cuando el expropiado demuestre fehacientemente que sufrió una afectación superior.
También se establece un mecanismo de actualización de las indemnizaciones que contempla el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la tasa del Banco Nación a 30 días.
Otro punto relevante es que la ocupación temporánea de bienes por parte del Estado queda sometida a mayores restricciones.
Regularización de escrituras
La legislación también modifica la Ley 24.374, conocida como Ley Pierri, que establece un régimen de regularización dominial para facilitar el acceso a la escritura de viviendas.
El nuevo texto contempla el beneficio para quienes puedan acreditar una posesión pública, pacífica y continua durante al menos diez años anteriores a la solicitud, siempre que se trate de inmuebles edificados urbanos destinados principalmente a vivienda única y permanente y se cumplan las condiciones previstas en la reglamentación.
La iniciativa también incorpora a determinados agricultores familiares, que podrán acceder a la regularización respecto del inmueble rural donde residan y desarrollen su actividad productiva, bajo las condiciones establecidas.
El propósito es facilitar el acceso al título de propiedad a familias que ocupan legítimamente una vivienda desde hace años, pero que todavía no cuentan con la documentación dominial correspondiente. (DIB)