Natalia González tiene 39 años, vive en el barrio Facundo Quiroga y atraviesa desde hace más de un año lucha para obtener una pensión no contributiva por discapacidad. El 16 de agosto de 2024, como consecuencia de una complicación derivada de la diabetes, sufrió la amputación de su pierna izquierda. Sin embargo, cuando finalmente fue convocada a una Junta Médica para evaluar su situación, el resultado determinó que presenta un 47,35% de discapacidad, por debajo del 66% necesario para acceder al beneficio.
En una entrevista con Olavarría Hoy, Natalia relató las dificultades que tuvo que atravesar desde que comenzó el trámite ante la ANSES, en octubre de 2024. Ante la falta de novedades, el 21 de febrero de 2025 enviaron una carta a la Secretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud de la Nación (ex ANDIS), pero nunca obtuvieron una respuesta.
En mayo decidieron contratar una abogada y presentar un recurso de amparo para reclamar una respuesta. “Desde ahí vengo luchándola, papeles van y papeles vienen”, resumió Natalia.
Según contó, en una primera instancia recibieron contactos para que desistieran del recurso de amparo y luego pudieran conversar sobre la pensión. Natalia se negó y posteriormente llegó la convocatoria para una junta médica en Capital Federal, que se concretó en septiembre de este año.
La evaluación estuvo a cargo de dos médicas. Natalia explicó que no le permitieron ingresar con su acompañante y que, durante la consulta, las profesionales también hicieron referencia a problemas en las vértebras que ella desconocía.
“Antes de terminar la evaluación me dijeron que me quedase tranquila, que iba a llegar al porcentaje para obtener la pensión”, recordó.
Sin embargo, el resultado que recibió dos semanas atrás fue completamente diferente a lo que esperaba: la Junta Médica estableció un 47,35% de discapacidad, una cifra que no alcanza el mínimo requerido para acceder a la pensión no contributiva. “Cuando me llegó el resultado de la evaluación me deprimí”, contó.
Natalia cuestionó fuertemente la resolución y aseguró que los especialistas que consultó tampoco están de acuerdo con el porcentaje determinado. “Todos me dicen que la resolución de la Junta Médica es una vergüenza porque claramente tengo una discapacidad, mi pierna no va a volver”, expresó.
En las últimas semanas presentó nueva documentación y evaluaciones médicas para que se contemplen otras afecciones que también impactan en su salud, entre ellas problemas lumbares y afectaciones psicológicas. El objetivo es ampliar el porcentaje de discapacidad y alcanzar el mínimo necesario para obtener el beneficio.
“Yo no quisiera tener una pensión, quisiera tener mi pierna, pero lamentablemente no volverá”, manifestó.
Durante la entrevista, Mabel, la mamá de Natalia, recordó cómo comenzó todo. “Mi hija se encontró una manchita en el pie que después le comenzó a doler mucho. En el Hospital le dieron un pronóstico muy duro porque la infección estaba muy avanzada. Nos dieron el 90% de probabilidades de morir, pero lograron salvarle la vida cortando la pierna debajo de la rodilla”, relató.
Después de la intervención, Natalia atravesó un proceso de recuperación en el que contó con asistencia del Municipio y de CORPI.
Su mamá también destacó la atención recibida en el Hospital y aclaró que nunca tuvieron inconvenientes para acceder a los elementos necesarios durante ese período. “Del Hospital jamás nos faltó nada, medicamentos, silla de ruedas y muletas, jamás tuvimos un problema”, señaló.
La familia también cuestionó las reiteradas exigencias de documentación durante el trámite. Según contaron, todas las semanas les solicitaban los mismos certificados de la diabetóloga, la médica de cabecera y la profesional que realiza las evaluaciones de discapacidad en Olavarría, además de fotografías de la pierna amputada.
“La hicieron viajar a Buenos Aires para ver que le faltaba una pierna, hasta ese gusto se dieron”, expresó Mabel.
Luego de la evaluación presencial, Natalia también participó de una entrevista por Zoom con un psiquiatra. Días después recibió el resultado que estableció el 47,35% de discapacidad.
Ahora, con los nuevos estudios y certificados médicos presentados, el expediente vuelve a estar en Buenos Aires, a la espera de una nueva resolución.