El caso Mara Navarro: 22 años de impunidad y preguntas pendientes sobre la investigación

Este miércoles 28 de octubre se cumplen 22 años de la desaparición de Germán Esteban "Mara" Navarro, una joven trans de 17 años cuyo asesinato aún permanece sin esclarecer. Su historia está atravesada por denuncias de violencia institucional, señalamientos sobre posibles vínculos con funcionarios municipales de la época y cuestionamientos al desarrollo de la investigación judicial.

Su madre, Graciela Alderete, sostiene desde hace más de dos décadas un reclamo de justicia que este año llegó nuevamente a las máximas autoridades judiciales de la provincia de Buenos Aires.

Entre los interrogantes más delicados del caso aparecen los nombres de funcionarios del gobierno municipal de Helios Eseverri que fueron mencionados en relación con los episodios que rodearon a Mara antes de su muerte. También persisten preguntas sobre la intervención de maquinaria municipal en el terreno donde fueron encontrados sus restos y las consecuencias que pudo haber tenido para la investigación.

Fiestas sexuales, funcionarios mencionados y una limpieza que comprometió la escena

Según pudieron reconstruir familiares de Mara, la joven trans había participado anteriormente de una fiesta en la que habrían estado presentes funcionarios del gobierno local. De acuerdo con esa reconstrucción, antes de su asesinato había manifestado intenciones de revelar detalles sobre esos encuentros.

Entre los funcionarios del gobierno de Helios Eseverri mencionados en relación con el caso se encontraba Juan Bautista Aranzábal, quien por entonces se desempeñaba como secretario de Asuntos Sociales. Sin embargo, según los antecedentes aportados, nunca fue citado a declarar por "falta de elementos".

Los señalamientos forman parte de las preguntas que quedaron pendientes alrededor de la investigación. La mención de un funcionario en las reconstrucciones del caso no acredita por sí misma su participación en un delito, pero sí vuelve relevante conocer qué información llegó a la Justicia, qué medidas se evaluaron y por qué no se avanzó con determinadas líneas.

Otro episodio que generó cuestionamientos ocurrió inmediatamente después del hallazgo de los restos de Mara.

Al día siguiente del descubrimiento, el terreno ubicado a metros de donde luego se construyó el Bingo fue limpiado con máquinas municipales por orden directa de la la jefatura de gabinete, provocando la remoción de evidencias en una escena que claramente debía ser preservada.

La secuencia de estos episodios plantea interrogantes sobre el contexto institucional en el que se desarrolló la investigación y sobre las medidas adoptadas para esclarecer la muerte de la adolescente.

Una desaparición que terminó en un crimen sin condenados

Mara tenía 17 años cuando fue vista por última vez el 28 de octubre de 2004. Durante meses, su madre reclamó que se investigara su desaparición, mientras sostenía que su hijo no se había fugado, como le habían indicado inicialmente.

El 26 de abril de 2005 fueron encontrados restos óseos en un terreno baldío ubicados en España y Juan XXIII. El hallazgo permitió avanzar en la investigación sobre la muerte de la adolescente, aunque no alcanzó para identificar y condenar a sus responsables.

Graciela Alderete también denunció que su hijo había sufrido episodios previos de violencia y que, semanas antes de desaparecer, le había contado que efectivos policiales lo habían obligado a subir a un patrullero y participar de una fiesta sexual en una dependencia policial.

El único imputado fue sobreseído

Uno de los capítulos centrales de la causa fue la imputación de Héctor Oscar Ocaña, conocido como «El Nito» o «Nito Cucarese».

Según los antecedentes periodísticos recopilados, el fiscal Martín Pizzolo impulsó en 2010 una imputación por homicidio simple. El juez de Garantías Carlos Villamarín dictó el sobreseimiento definitivo de Ocaña, una decisión que posteriormente fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de Azul.

El sobreseimiento cerró el proceso contra ese imputado, pero no produjo una condena por la muerte de Mara. El caso continuó sin un responsable penalmente condenado. En las distintas etapas del caso intervinieron en la investigación los fiscales Luis Arbío, Matías Castro, Francisco Tourné y Martín Pizzolo.

Otro punto relevante es la declaración de un testigo de identidad reservada que habría aportado información sobre las circunstancias de la muerte. La madre de Mara sostuvo entonces que ese testimonio señalaba a un ex funcionario local como posible responsable, pero que su versión no había sido considerada veraz por el juez.

El reclamo de Graciela Alderete llegó a la Suprema Corte

A lo largo de los años, Alderete denunció dificultades para acceder a la causa y conseguir representación legal. En distintas entrevistas relató que debió recorrer despachos y organismos públicos para intentar que la muerte de su hijo no quedara en el olvido.

En abril de 2026, la madre de Mara volvió a llevar su reclamo ante las máximas autoridades judiciales de la provincia. En una presentación dirigida a Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, solicitó asistencia para avanzar en el esclarecimiento del crimen.

Alderete cuestionó las irregularidades que, a su entender, marcaron la investigación y pidió ayuda para que el caso pudiera ser revisado. La causa estaba archivada bajo la carátula de investigación sobre causales de muerte, identificada como IPP 14813-2004.

Mara, una vida atravesada por la discriminación

La historia de Mara también expone las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que atravesaban muchas personas trans a comienzos de los años 2000.

En las entrevistas que brindó, Graciela recordó que su hijo quería estudiar peluquería y diseño de indumentaria. También contó las dificultades que había sufrido durante su escolaridad y los episodios de discriminación que marcaron su adolescencia.

Su muerte ocurrió en un contexto en el que la violencia hacia las personas trans y travestis, así como los abusos atribuidos a integrantes de las fuerzas de seguridad, comenzaban a tener mayor visibilidad pública, aunque todavía existían enormes obstáculos para denunciar y obtener respuestas institucionales.

En el caso de Mara, las denuncias sobre el trato que habría recibido por parte de policías antes de desaparecer forman parte de una historia que nunca llegó a una resolución judicial capaz de esclarecer integralmente su muerte.

¿Qué pasó con las distintas hipótesis? ¿Por qué no se avanzó sobre los funcionarios mencionados en las reconstrucciones familiares? ¿Quién dispuso la limpieza del terreno y qué consecuencias tuvo? ¿Qué medidas se adoptaron después del sobreseimiento? ¿Qué posibilidades concretas existen de reabrir la investigación? ¿Qué respuesta recibió el pedido presentado este año ante la Suprema Corte?

La falta de una condena no permite afirmar por sí sola quiénes fueron responsables ni qué ocurrió en cada instancia de la investigación. Sí obliga a mantener abierta preguntas por las razones que impidieron esclarecer el crimen.