La comunidad universitaria de Olavarría participó este jueves por la tarde de la quinta Marcha Federal Universitaria, en una jornada de movilización que tuvo réplicas en distintos puntos de la Aregntina.. El reclamo central fue la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con la defensa de la educación pública, la soberanía y la democracia.
La convocatoria reunió a autoridades de las facultades de UNICEN Olavarría, integrantes de la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel y del Jardín Upalalá, estudiantes, docentes, investigadores, becarios y trabajadores universitarios.
También participaron el intendente Maximiliano Wesner, integrantes de su gabinete, autoridades provinciales, representantes legislativos de distintos espacios políticos, referentes sindicales y organizaciones sociales.
La jornada comenzó en la esquina del Centro Cultural Universitario, en el barrio Pueblo Nuevo, con actividades artísticas, intervenciones, artesanos, clases y un micrófono abierto.
Pasadas las 17 horas, la columna avanzó por la calle San Martín, atravesó sectores de Pueblo Nuevo y Microcentro y llegó al Paseo Jesús Mendía, donde se concentraron los principales reclamos dirigidos al Gobierno nacional.
Durante la actividad, los organizadores agradecieron el acompañamiento de sindicatos, organizaciones sociales y culturales, institutos de formación docente, jubilados organizados, equipos de gestión de las unidades académicas y representantes municipales. También destacaron la participación de la comunidad olavarriense.
En el cierre se leyó el documento unificado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el frente gremial docente, nodocente y estudiantil, titulado “Defender nuestros sueños, garantizar el futuro”.
El texto planteó que "la movilización busca exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Según el documento, el Congreso de la Nación y el Poder Judicial respaldaron la vigencia de la norma y establecieron una medida cautelar que exige el cumplimiento de sus artículos 5, referido a salarios, y 6, vinculado con las becas".
Además, el documento cuestionó el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno nacional y reclamó la "derogación del DNU 70/23". También advirtió sobre el "deterioro de los salarios docentes y nodocentes, las dificultades para sostener las becas estudiantiles y la situación presupuestaria de las universidades y del sistema científico-tecnológico".
El pronunciamiento concluyó con una defensa de la universidad pública como "herramienta de inclusión, movilidad social y soberanía nacional, y con un llamado a garantizar el financiamiento de la educación, la ciencia y la tecnología".