CECIM pidió frenar el proyecto petrolero “León Marino” por riesgo ambiental y falta de autorización argentina

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados/as y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) presentaron ante el Juzgado Federal de Río Grande una acción preventiva de daño ambiental y soberano para intentar impedir el avance del proyecto petrolero “León Marino”, ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

La presentación quedó registrada bajo el expediente FCR 13706/2026, con la carátula “Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y otro c/ Rockhopper Exploration y otro s/ Civil y Comercial – Varios”. La acción está dirigida contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, además de quienes resulten responsables de la construcción y operación del emprendimiento.

Uno de los principales argumentos de la demanda es la denominada “tutela ambiental soberana”. Según plantearon las organizaciones, sobre la plataforma continental argentina confluyen dos bienes jurídicos colectivos: el ambiente y la soberanía. En ese sentido, sostienen que una explotación hidrocarburífera realizada sin intervención de las autoridades argentinas afectaría tanto al ecosistema como a la capacidad del Estado nacional de controlar y fiscalizar la actividad.

La acción también cuestiona que el proyecto avance sin que las empresas hayan iniciado ante la Argentina un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ni obtenido el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental. Desde el CECIM y AAdeAA remarcaron que el planteo es preventivo y que no es necesario esperar a que ocurra un derrame u otro daño para solicitar la intervención judicial.

 

 

Según la documentación incorporada a la presentación, “León Marino” contempla la perforación de 23 pozos, 16 destinados a la producción de petróleo, seis a la inyección de agua y uno a la inyección de gas. El proyecto utilizaría además una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), con una capacidad aproximada de procesamiento de 120.000 barriles diarios de petróleo y 140 millones de pies cúbicos diarios de gas.

Otro de los argumentos está relacionado con la Resolución 31/49 de Naciones Unidas, que insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas mientras permanezca pendiente la disputa de soberanía. Las organizaciones consideran que la instalación de infraestructura petrolera permanente y la explotación de recursos naturales constituirían una modificación unilateral de esa situación.

En materia ambiental, la demanda advierte sobre posibles impactos en mamíferos y aves marinas, el fondo oceánico, la introducción de especies invasoras y eventuales derrames de hidrocarburos. También estima que el desarrollo del proyecto implicaría aproximadamente nueve millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂), mientras que la quema del petróleo extraído generaría más de 100 millones de toneladas adicionales.

 

Qué le pidieron a la Justicia

 

Como medida cautelar, el CECIM y AAdeAA solicitaron a la jueza federal Mariel Borruto una medida de no innovar que impida el inicio o la continuidad de obras vinculadas con “León Marino”, incluidas perforaciones, movimientos del lecho marino, oleoductos e infraestructura de fondeo. También pidieron intervenir sobre el financiamiento del proyecto, con el objetivo de impedir nuevos contratos, desembolsos, pagos, transferencias o garantías destinadas a sostener su desarrollo.

Las organizaciones sostienen además que Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum ya fueron sancionadas en Argentina por actividades hidrocarburíferas no autorizadas. Según la presentación, Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 e inhabilitada por 20 años en 2013, mientras que Navitas recibió una sanción similar en 2022. El proyecto “León Marino” estaría controlado en un 35% por Rockhopper y en un 65% por Navitas.