Un olavarriense fue declarado no culpable de abuso sexual por un jurado popular

Un hombre de 31 años, oriundo de Olavarría, fue declarado “no culpable” en un juicio por abuso sexual doblemente agravado realizado ante un jurado popular en la ciudad de Azul. El veredicto fue dado a conocer el pasado 19 de agosto, luego de dos jornadas de deliberaciones desarrolladas en la sala de audiencias de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Palacio de Tribunales de Azul.

El imputado había llegado a juicio acusado de un delito de abuso sexual doblemente agravado por haber sido cometido, según la acusación, por una persona encargada de la guarda o educación y por un ascendiente. Patrocinado por el abogado César García, fue finalmente considerado “no culpable”. Según explicó el defensor, el jurado concluyó que “el hecho no existió”.

Tras conocerse el resultado del proceso, desde la asociación civil ANIMATE difundieron un comunicado en el que expresaron “profunda preocupación” por la utilización del sistema de juicio por jurados para el juzgamiento de delitos contra la integridad sexual. La organización aclaró que su posicionamiento no implica desconocer la jerarquía constitucional de esta modalidad de juzgamiento ni cuestionar la participación ciudadana en la administración de justicia.

En su comunicado, ANIMATE planteó como eje de debate las garantías necesarias para evitar que quienes integran un jurado reproduzcan “prejuicios, estereotipos y mitos de género” en casos de violencia sexual. “Democratizar la justicia no puede significar democratizar los prejuicios”, sostuvo la asociación, que también cuestionó si puede garantizarse el mismo nivel de conocimiento y formación especializada cuando la decisión sobre la responsabilidad penal queda en manos de ciudadanos convocados circunstancialmente para integrar un jurado.

Desde ANIMATE remarcaron que su planteo busca compatibilizar distintos derechos y garantías: “Queremos una justicia que respete la presunción de inocencia. Que valore la prueba. Que garantice el derecho de defensa. Que evite condenas basadas en prejuicios. Y que, al mismo tiempo, garantice que ninguna víctima sea desacreditada porque su comportamiento no coincide con el imaginario social de cómo debería actuar una persona violentada”.

Finalmente, la asociación sostuvo que la participación ciudadana constituye un valor democrático, pero consideró que también debe incorporarse la perspectiva de género en los procesos judiciales. “La participación ciudadana es un valor democrático. La perspectiva de género también”, concluyó ANIMATE.