Un grave episodio ocurrido en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN generó un fuerte repudio institucional y de toda la comunidad universitaria luego de que un docente realizara una amenaza contra una estudiante durante una clase de tercer año de la carrera de Medicina.
Según reconstruyó el Centro de Estudiantes a partir del testimonio de compañeros presentes en el aula, el hecho tuvo lugar el pasado viernes durante una clase de Módulo 6, cuando una alumna realizó una intervención para señalar los últimos cambios introducidos en la guía para el tratamiento del asma.
De acuerdo a la información recabada, ante la observación realizada por la estudiante, el docente Walter Ressia reaccionó con violencia y expresó: “A esta hay que matarla, cargarla en el baúl de un Falcon verde y tirarla por ahí”.
La frase provocó conmoción entre los presentes y motivó el inmediato pronunciamiento de distintos sectores de la comunidad educativa, que calificaron lo sucedido como un hecho de violencia institucional, violencia de género y una referencia directa a las prácticas represivas de la última dictadura cívico-militar.
Desde el Centro de Estudiantes consideraron que se trató de "una expresión que constituye una amenaza simbólica de enorme gravedad y que remite de manera directa a las prácticas de secuestro, desaparición forzada y asesinato perpetradas durante la última dictadura cívico-militar".
Además, señalaron que resulta especialmente preocupante que los dichos hayan estado dirigidos hacia una mujer, configurando una manifestación de violencia de género "que no puede ser relativizada ni naturalizada, particularmente en un contexto social atravesado por la persistencia de los femicidios y las múltiples formas de violencia contra las mujeres".
Para la representación estudiantil, lo sucedido es incompatible con "los valores que deben sostener la educación pública, la convivencia democrática y el respeto irrestricto por los derechos humanos", especialmente al provenir de una figura de autoridad dentro del aula.
En el documento difundido, también remarcaron que "no hay contexto posible que vuelva aceptable un discurso de esas características" y advirtieron sobre la necesidad de garantizar que la universidad sea "un espacio donde todas las personas puedan participar, expresarse y desarrollarse con libertad y sin miedo".
Entre las medidas propuestas, solicitaron la implementación efectiva y periódica de capacitaciones en perspectiva de género en línea con los principios de la Ley Micaela, espacios de formación sobre violencia institucional, memoria, verdad y justicia, jornadas de debate y el fortalecimiento de los dispositivos institucionales para prevenir y abordar situaciones de violencia.
Asimismo, sostuvieron que la renuncia del docente "no puede implicar el cierre de la situación ni extinguir las responsabilidades derivadas de lo ocurrido", reclamando que exista un pronunciamiento institucional que deje constancia formal de la gravedad de los hechos.
La Facultad de Ciencias de la Salud emitió una resolución en la que expresó su "más enérgico repudio" ante lo sucedido durante la clase del viernes 5 de junio, calificando el episodio como un hecho "incompatible con los valores democráticos y los derechos humanos que deben regir la vida universitaria".
Desde la unidad académica informaron que las autoridades intervinieron de manera urgente y que la gestión junto a los tres claustros —docente, nodocente y estudiantil— se pronunciaron sobre el caso.
Además, el Consejo Académico aprobó la Resolución N° 51/26, mediante la cual se establecieron distintas acciones institucionales:
La Facultad confirmó además que el docente involucrado presentó su renuncia. Sin embargo, remarcaron que "ninguna renuncia puede sustituir la responsabilidad colectiva de nombrar la violencia, rechazarla y actuar para que no vuelva a repetirse".
"A 50 años del Golpe de Estado, a días de la marcha por Ni Una Menos, la Facultad de Ciencias de la Salud reafirma su compromiso con una universidad pública libre de violencias, inclusiva y profundamente comprometida con los principios de Memoria, Verdad y Justicia", concluyó el comunicado oficial.
Por su parte, el Claustro Nodocente manifestó su "más enérgico repudio" a los dichos atribuidos al docente, al considerar que resultan incompatibles con los valores de respeto, igualdad y convivencia democrática que deben regir en la institución.
En el pronunciamiento sostuvieron que las expresiones "de carácter machista y discriminatorio no solo lesionan la dignidad de la estudiante involucrada, sino que también afectan a toda la comunidad universitaria".
También expresaron preocupación porque determinadas formas de intimidación o disciplinamiento "recuerden metodologías autoritarias que nuestra sociedad ha rechazado desde el retorno de la democracia y que remiten a las épocas más oscuras de la última dictadura cívico-militar en la Argentina".
Desde el sector nodocente remarcaron que la universidad pública debe ser un ámbito donde prevalezcan el pensamiento crítico, el respeto por los derechos humanos y la libertad de expresión, "nunca el miedo o la humillación".
Además, coincidieron en que la renuncia del docente "no constituye una respuesta suficiente frente a la gravedad de los hechos" y reclamaron que la institución adopte medidas concretas y que las actuaciones queden formalmente documentadas para generar un antecedente claro que reafirme el compromiso de la Facultad con la defensa de los derechos, la igualdad de género y el respeto hacia los estudiantes.
En ese sentido, solicitaron al Consejo Académico que intervenga, evalúe los hechos denunciados y adopte las medidas institucionales correspondientes para prevenir la repetición de situaciones similares y fortalecer una cultura universitaria basada en el respeto, la responsabilidad y los valores democráticos.