Una compleja investigación de la Policía Federal permitió desarticular una organización acusada de robar cableado telefónico y de telecomunicaciones en Olavarría y distintas localidades de la región, provocando graves daños en la infraestructura pública y dejando a más de mil usuarios sin servicio.
La causa es encabezada por la fiscal María José Buglione y el Dr. Lucas Moyano, quienes sostienen que la banda actuó entre septiembre y noviembre de 2025 mediante una estructura organizada y con una logística especialmente diseñada para concretar los robos.
Según la investigación judicial, los acusados utilizaban como cobertura a la empresa Áridos A&A S.R.L., dedicada formalmente al transporte de materiales para la construcción.
A través de esa firma se habrían simulado cargas legales para trasladar grandes cantidades de cobre robado sin despertar sospechas durante controles viales.
Los investigadores determinaron que dentro de la organización existía una distribución específica de tareas, que incluía trabajos de inteligencia previos, monitoreo de movimientos policiales y relevamientos en cámaras subterráneas y alcantarillas pertenecientes a Telefónica.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de la pesquisa fue el sofisticado sistema utilizado para concretar los robos.
La banda utilizaba utilitarios y camiones especialmente modificados, equipados con orificios ocultos y malacates mecánicos para retirar grandes extensiones de cable sin ser detectados.
Además, algunos integrantes descendían a túneles y cámaras subterráneas utilizando herramientas específicas y escaleras para realizar cortes técnicos sobre cables de gran diámetro, tareas que requerían experiencia y conocimientos por el riesgo eléctrico.
Posteriormente, el cobre robado era trasladado hacia el conurbano bonaerense oculto entre otras cargas transportadas en camiones.
La causa fue caratulada provisoriamente como asociación ilícita, robo triplemente calificado —por cometerse en poblado y en banda, por escalamiento y por recaer sobre servicios públicos—, tentativa de robo triplemente calificado e interrupción de las comunicaciones.
La Justicia identificó como presuntos integrantes de la organización a Rafael Claros, María Lisboa Añón, Sergio Lisboa, Héctor Cincioni, Richard Rodríguez López y Carlos Gutiérrez, quienes habrían cumplido distintos roles dentro de la estructura criminal.
El caso genera fuerte preocupación en la región debido al impacto social y económico que provocan este tipo de robos, que afectan servicios esenciales y generan complicaciones para organismos públicos, instituciones y vecinos.