Familia de Tres Arroyos denuncia que perdió todo tras litigio contra Walmart por millonarios honorarios

Una familia de Tres Arroyos denunció que perdió todos sus bienes tras un litigio contra Walmart Argentina, luego de que se le impusieran honorarios por $5.270.826.626, pese a no haber sido condenada a pagar indemnización alguna.

Según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el conflicto se originó en 2013, cuando la familia firmó un contrato con la empresa para construir un supermercado en su propiedad, que sería alquilado por 30 años. Walmart ocupó el predio durante casi cuatro años sin pagar alquiler y luego se retiró del país.

La demanda iniciada por la familia fue rechazada por “mal encuadre jurídico”, lo que derivó en la imposición de honorarios a favor de dos letrados de la empresa por 56.993 UMAs, equivalentes a más de $5.270 millones a valores de febrero de 2026, cifra convalidada por la Cámara Civil Nacional.

De acuerdo con la gacetilla, los integrantes del grupo familiar –una mujer de 87 años, su hija fallecida en 2025 y un hijo con discapacidad motriz– fueron declarados en quiebra, y sus bienes están siendo ejecutados y subastados en la provincia de Buenos Aires.

El caso incluye además denuncias penales contra el titular del Juzgado Civil y Comercial N°1 de Tres Arroyos por presunto prevaricato, abuso de autoridad y tráfico de influencias, así como acusaciones contra uno de los abogados beneficiarios de los honorarios por haber intimidado a un juez de Zárate-Campana, quien dejó constancia escrita del episodio y ordenó una denuncia penal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario el 23 de diciembre de 2025 mediante el artículo 280, aunque aclaró que ello no implicaba convalidar la justicia de la sentencia. El caso continúa con planteos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte bonaerense y se encamina hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los denunciantes sostienen que la situación guarda similitud con el antecedente “Cantos vs. Argentina” resuelto por la Corte Interamericana en 2002, donde se cuestionaron sanciones económicas desproporcionadas vinculadas al acceso a la justicia. (NA)