El gobierno de Uruguay oficializó la entrada en vigencia de la ley de eutanasia, denominada en el país vecino como de “muerte médicamente asistida” o “muerte digna”. El presidente Yamandú Orsi firmó el decreto reglamentario que permite su aplicación efectiva, tras un extenso proceso legislativo y de debate público que se prolongó durante varios años.
Con esta decisión, Uruguay se convierte en el tercer país de la región y el undécimo en el mundo en permitir la eutanasia activa, es decir, la intervención de un profesional de la salud para poner fin a la vida de un paciente en contextos de sufrimiento extremo y enfermedad irreversible. La normativa coloca nuevamente al país entre las naciones pioneras en materia de derechos y discusión bioética en América Latina.
“Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha. La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas”, expresó Orsi, citado por medios uruguayos y regionales.
Cabe aclarar que a ley fue aprobada en octubre de 2025 en el Senado uruguayo, con el respaldo del oficialismo y parte de la oposición.
El proyecto ya había recibido luz verde en la Cámara de Diputados dos meses antes, y la ratificación en el Senado permitió que Uruguay se convirtiera en el primer país de América Latina en regular la eutanasia mediante una ley específica. En la región, Colombia y Ecuador ya habían despenalizado la práctica, pero lo hicieron a través de fallos de sus cortes constitucionales y no por vía parlamentaria.
.La entrada en vigencia de la ley abre una nueva etapa en la discusión sobre el final de la vida en la región, con miradas contrapuestas entre quienes la consideran una ampliación de derechos y quienes alertan sobre dilemas éticos y religiosos. En cualquier caso, Uruguay se posiciona como un caso testigo que será seguido de cerca por otros países latinoamericanos que debaten regulaciones similares.