

A su vez, advirtieron que dicha norma que pretende limitar las incumbencias profesionales de los asesores externos en Higiene y Seguridad en el Trabajo, no solo incurre en una interpretación restrictiva de la legislación vigente, sino que además carece de validez en el territorio bonaerense.
La resolución establece que los profesionales comprendidos en el Decreto Ley 6070/58 no deben cumplir horarios fijos y que carecerían de competencia técnica para realizar tareas fundamentales como planes de rescate en altura, simulacros de emergencias, o verificaciones estructurales, una postura que resulta "errónea y preocupante", indicaron desde el CPHS.
En ese sentido, desde la entidad que preside Lorenzo Gómez, remarcaron que en la Provincia de Buenos Aires, la Ley 15.105 ha creado un marco claro y autónomo que regula el ejercicio profesional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo, y como en otras 13 provincias del país, se han establecido leyes propias que reconocen la especificidad de la formación y el alcance de las funciones de los profesionales, con leyes que gozan de plena legalidad, legitimidad y vigencia.
Lejos de representar una simple cuestión administrativa, el alcance profesional es un tema de fondo. Por eso "el intento de restringir funciones a través de resoluciones unilaterales vulnera la evolución federal de nuestra disciplina, y desconoce que la formación técnica y universitaria en Higiene y Seguridad incluye contenidos específicos y actualizados sobre trabajo en altura, rescates, análisis estructural básico y más", dijeron los especialistas bonaerenses.
"Frente a la Resolución 61/2023 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), relacionada con tareas en altura, nuestros matriculados no solo se adecuaron: se capacitaron, trabajaron con universidades, realizaron simulacros y perfeccionaron sus competencias. Esto se hizo respetando la normativa, con responsabilidad y criterio profesional", puntualizaron.
Por otro lado, la invocación del artículo 247 del Código Penal, que sanciona el ejercicio ilegal de profesiones y que menciona el Consejo Profesional de Ingenierìa Industrial en su resolución, no aplica a los profesionales debidamente matriculados y habilitados por leyes provinciales. Tampoco corresponde interpretar la Ley de Educación Superior N° 24.521 como un límite automático para las prácticas profesionales reconocidas en las normativas provinciales.
“Lo que se intenta presentar como una medida de seguridad jurídica, en realidad es un retroceso conceptual. Nuestra tarea es reconocida, jerarquizada y legítima en gran parte del país”, afirmó el Lic. Lorenzo Gómez, presidente del CPHS y agregó que “mientras algunos sectores insisten en prohibir, nosotros capacitamos, innovamos y trabajamos por una prevención real y profesionalizada.”
Desde el CPHS destacaron que la modernización del ejercicio profesional ya es una realidad. La matriculación digital, la automatización de trámites, el desarrollo de sedes propias y la integración en espacios federales como el CO.FE.SH y el FORO FEDERAL impulsado por la SRT, consolidan un modelo colaborativo y descentralizado que prioriza la prevención.
Finalmente consideraron que la prevención de riesgos laborales no se fortalece con prohibiciones arbitrarias, sino con formación, reconocimiento profesional y leyes claras. Desde el Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, reafirmamos nuestro compromiso con una práctica responsable, técnicamente sólida y jurídicamente protegida.