Diputados retoman el debate sobre la Ley Ómnibus y la delegación de facultades

La Cámara de Diputados reanudo el debate sobre la Ley Ómnibus, abordando aspectos cruciales como la delegación de facultades y la distribución de fondos para las provincias. La sesión, que comenzó hoy a las 14 horas, se espera que aborde detenidamente los puntos más polémicos de esta ley que ha generado amplio debate en el Congreso.

La semana pasada, después de dos cuartos intermedios, la Cámara logró la media sanción de la ley con 144 votos a favor de la coalición Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, Hacemos e Innovación.

Entre los aspectos más destacados de esta sesión se encuentran la delegación de facultades, las privatizaciones y la distribución de fondos para las provincias. Es sabido que la Ley Ómnibus, también conocida como Ley Bases, fue aprobada en general la semana pasada, pero ahora se debe revisar cada punto de desacuerdo de manera minuciosa.

Los gobernadores, en particular, han estado presionando en este proceso, con el ministro del Interior, Guillermo Francos, actuando como intermediario. Uno de los puntos clave en discusión es la coparticipación del Impuesto País, que grava las compras en moneda extranjera y que ha generado controversia en cuanto a su distribución entre las provincias.

Se estima que la recaudación de este impuesto alcanzó los 1.5 billones de pesos en 2023 y se espera que aumente significativamente en 2024. Los gobernadores buscan que al menos el 30% de esta recaudación se distribuya entre las provincias para compensar los cambios en el Impuesto a las Ganancias.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto con otros líderes provinciales, ha desempeñado un papel crucial en estas negociaciones, presionando para que se atienda esta demanda de recursos necesarios para el funcionamiento de los gobiernos provinciales.

Sin embargo, las últimas declaraciones del ministro Guillermo Francos, quien advierte sobre la posible intención del presidente de vetar la coparticipación del Impuesto País, han añadido un nuevo giro a las negociaciones.

Este posible veto, y la inflexibilidad del Gobierno nacional, plantean incertidumbres sobre el futuro de la ley y generan preocupaciones sobre la agenda política del presidente.