Kicillof denunció a Robles y D’Alessandro y pidió que se allane Seguridad de la CABA

El gobernador Axel Kicillof denunció penalmente al funcionario judicial Silvio Robles (vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti) y al Ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, por los delitos de “tráfico de influencias” y “violación de los deberes de funcionario público” tras la filtración de chats entre ambos funcionarios y los efectos que pudo tener esa relación en la causa sobre la coparticipación.

En este sentido, Kicillof hizo la presentación en los tribunales federales de La Plata. Allí advirtió sobre los chats difundidos en las últimas semanas entre Robles, Director General de la Vocalía del Presidente de la Corte, y D’Alessandro, que “evidencian los supuestos vínculos” entre los funcionarios.

Asimismo, la presentación señala que “existiría una espuria connivencia en la cual se coordinan fallos judiciales del Alto Tribunal que explícitamente benefician, en general, a la alianza política Cambiemos y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

“En los chats publicados en distintos medios de prensa entre Robles y D’Alessandro consta que entre ambos existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacia funcionarios del Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura, conforme a lo que se señalará posteriormente”, sostiene el escrito.

También advierte que en los chats difundidos “aparecen menciones directas a la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la disputa en torno al porcentaje de fondos coparticipables a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. La presentación, entre otras cosas, hace referencia al cumpleaños del fiscal de la Ciudad Juan Ignacio Mahiques al que los funcionarios denunciados arribaron juntos.

En este marco, el Gobernador bonaerense pidió que “se allane al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA, a los fines que proceda a la localización de toda documentación y/o instrumento que sea pertinente y de interés para la presente causa”.

Por otro lado, solicitó el “secuestro de los teléfonos personales y/o corporativos de los denunciados en autos, a los fines de proceder a sus pericias respectivas que, permitan reconstruir la información y la vinculación que en la presente denuncia se formula”.

La denuncia apunta al fallo de la coparticipación

La denuncia fue difundida por el Gobierno bonaerense a través de un comunicado en el que advirtió que la provincia de Buenos Aires “es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema, sino que además habría sido producto del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y así financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno”, indicó la Provincia a través del parte de prensa. Y agregó: “Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires”. 

dib