El Senado buscará darle luz verde a la producción pública de medicamentos

Tras idas y vueltas y en una Cámara alta con poca acción en el año, el oficialismo avanzará con la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Es decir, el Gobierno será el titular del 99% del capital social de la empresa, mientras que el 1% podrá ser administrado por actores públicos o privados.

Pese a los cambios, las bancadas opositoras de Unión y Libertad, el PRO, La Libertad Avanza y Hechos – UCR Identidad adelantaron que se opondrán a la normativa bajo argumentos como la ampliación de la burocracia estatal, el gasto fiscal, y la falta de una razón que justifique la creación de la empresa de medicamentos.

La iniciativa busca que la Provincia pueda investigar, desarrollar, producir, comprar, vender y distribuir medicamentos e insumos sanitarios; como así también elaborar vacunas, productos médicos, equipamiento, ingredientes farmacéuticos activos e insumos odontológicos, entre otros. La idea apunta a priorizar el abastecimiento de los hospitales provinciales y municipales para esquivar los sobreprecios de los laboratorios privados y bajar drásticamente los costos del sistema público.

Los cambios en el sistema de salud deberán esperar

Si bien el ministro de Salud Nicolás Kreplak confirmó que este jueves se tratará ese tema en la Legislatura, el otro de la agenda de su sector deberá esperar un tiempo más. Se trata del proyecto para integrar el sistema de salud bonaerense (SIPBA), que será enviado a la Comisión de Presupuesto para recibir aportes de diferentes senadores.

Sin embargo, el freno a la iniciativa no llegó por la fuerza opositora sino por el mismo peronismo. Fueron el Frente Renovador y el kirchnerismo que hicieron escuchar el reclamo de los intendentes. Es que el artículo 43 del proyecto obliga a las comunas a “armonizar” (equiparar) los sueldos de sus médicos municipales con las paritarias provinciales. Es decir, dice qué hacer pero no aclara cómo afrontar ese gasto.

Al mismo tiempo, obliga a cada jefe comunal a comunicarle al Consejo Regional de Salud (Coresa) y al Congreso Provincial de Salud (Cosapro) cada vez que quiera “hacer uso de otras modalidades de personal o reconocer salarios superiores a los que fija esta normativa”.

Otro punto es el que le otorga prioridad a los municipios que formen parte de la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud para recibir fondos de programas provinciales y nacionales sanitarios. Y aquí los intendentes piden que la ley contemple al Coeficiente Único de Distribución (CUD) como fórmula para repartir el dinero, ya que el proyecto original no establece de forma clara cómo asignar las partidas. (DIB)