La oposición convocó hoy a una sesión especial en la cámara de Diputados para el martes próximo, con el objetivo de intentar avanzar con la derogación del decreto 70/23 y de ese modo revertir los efectos del fallo de la Corte Suprema que eliminó los límites a la venta de la tierra a extranjeros. El mismo día, se realizará una nueva “marcha federal” para reclamar por el financiamiento de las universidades nacionales.
La convocatoria fue firmada por los bloques del PJ, la Coalición Cívica y algunos espacios provinciales y el centro será intentar sancionar un proyecto con media sanción de Senadores para derogar el decreto, lo que implicaría que volvería a estar vigente la ley de tierras, que impone el límite de 15% a la acumulación de tierras en manos de extranjeros, entre otras regulaciones.
Pero en la agenda los opositores avanzaron en otras dos iniciativas: la ley que prorroga por un año la emergencia en el sistema de atención de la discapacidad, una medida que vence el 31 de diciembre próximo y, también, los proyectos sobre endeudamiento de las familias y morosidad, que fueron dictaminados esta semana, con medidas para refinanciar esos compromisos.
La estrategia de la oposición al aglutinar estas tres iniciativas es clara: asegurarse el quorum para habilitar el debate en el recinto. Para ello necesita reunir 129 diputados y, una vez alcanzado ese número, una mayoría simple —la mitad más uno de los presentes— para voltear el decreto de necesidad y urgencia que Milei impulsó cuando llevaba menos de un mes en el poder.
Pero el objetivo de reunir los votos necesarios para aprobar esas iniciativas es muy complejos. En el caso puntal del DNU 70/23 se explica no solo por la cuestión de los límites a la venta de tierras: en esa norma, además, hay muchas otras medidas de peso, como la derogación de la ley de alquileres o la eliminación de los topes a los interese de las tarjetas de créditos.
Pero la oposición optó por avanzar de todos modos con la convocatoria en un contexto de debate político intenso por el fallo de la Corte, que incluso llevó al máximo tribunal a la inusual decisión de explicarlo a través de un comunicado en el que aclaró sus alcances e intentó que se trató de una decisión sobre aspectos procesales, pero que no avanzó sobre la cuestión de fondo.
La fecha de la convocatoria además coincidirá con la realización de una nueva marcha universitaria para reclamar que el gobierno cumpla en su totalidad con lo dispuesto en la Ley de Financiamiento -aumentos de presupuesto y salariales- un punto que motivó hace unas horas una nueva intimación de la justica, que firmó el juez Martín Cormick. (DIB)