Con una agenda amplia y que pronostica fuertes cruces entre oficialismo y oposición, la Cámara de Diputados bonaerense sesionará este martes para tratar, entre otros, una batería de proyectos orientados a proteger a las familias de la provincia de Buenos Aires del sobreendeudamiento, una problemática que se agravó en los últimos meses.
Los cuatro expedientes que se llevarán al recinto tienen como objetivo, entre otros puntos, reglamentar la prevención del hostigamiento y de las prácticas abusivas de cobranza; crear una instancia prejudicial obligatoria entre usuarios deudores y acreedores; y modificar el procedimiento judicial en materia de sobreendeudamiento.
En tanto, un proyecto impulsado por Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Unión por la Patria y hombre fuerte de La Cámpora, le otorga nuevas facultades a la Defensoría del Pueblo para intervenir en reestructuraciones de deuda. Esta iniciativa generó ruido interno, y de hecho los legisladores que responden a Axel Kicillof no la acompañaron en el debate en comisiones.
Mientras La Libertad Avanza manifestó su rechazo a todas las iniciativas, al cuestionar que el peronismo busca responsabilizar a la gestión de Javier Milei por la escalada de casos de bonaerenses endeudados con bancos y billeteras virtuales, las bancadas de PRO y UCR + Cambio Federal cuestionaron el tratamiento exprés de estas iniciativas.
Otros proyectos en la agenda de Diputados
El temario de la quinta sesión del año en Diputados tendrá en el recinto el proyecto de ley consensuado por el peronismo, el radicalismo, el PRO y Unión y Libertad para modificar la ley que regula el Tribunal Fiscal de Apelación, el órgano de revisión encargado de resolver los conflictos entre los contribuyentes y la administración fiscal provincial (ARBA).
En un principio, la iniciativa buscaba ampliar de 1 a 3 la cantidad de relatores que asisten a los nueve vocales integrantes del organismo. Sin embargo, los diputados decidieron retirar ese punto y engrosar la nueva “Tasa de Actuación ante el Tribunal Fiscal de Apelación”, una carga que se calculará sobre el importe de los saldos del impuesto determinado en la apelación y/o el monto correspondiente a multas aplicadas. De esta forma, la alícuota para calcular esta tasa pasó del 0,60% al 0,75%.
Además, el oficialismo intentará tratar proyectos que ya cuentan con media sanción del Senado como el pedido para que la Provincia participe del proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A., algo que impulsa Sergio Berni, y la recuperación de la administración de la Unidad Turística Chapadmalal para garantizar el turismo social. (DIB)