El Gobierno nacional reconoció que parte de los fondos recaudados específicamente para el sistema vial son utilizados para otros fines, en medio de los crecientes reclamos por el deterioro de las rutas nacionales. La admisión fue realizada por el vocero presidencial Adrián Ravier, quien sostuvo que una parte de los recursos va a Vialidad y otra queda a disposición del Ministerio de Economía para contribuir al “equilibrio fiscal”.
El funcionario realizó esas declaraciones durante una visita a La Pampa y reconoció que no podía precisar qué proporción de lo recaudado se destina actualmente al mantenimiento de las rutas. El Sistema Vial Integrado (SisVial) se financia con una parte del impuesto a los combustibles y tiene como finalidad específica el financiamiento de obras y mantenimiento de la red vial nacional.
Los números expuestos en una investigación periodística dan cuenta de una importante subejecución de esos recursos. Desde el comienzo de la gestión de Javier Milei se habrían recaudado $1.503.252 millones, mientras que solamente $394.406 millones fueron ejecutados en obras, dejando más de un billón de pesos sin aplicar al mantenimiento de las rutas.
La tasa de subejecución del SisVial alcanza así el 73,8%. Durante 2024 se ejecutó apenas el 11,3% de lo recaudado; en 2025 el porcentaje trepó al 39% y volvió a caer al 18,5% entre enero y mayo de 2026. Al cierre de mayo, $1.038.779 millones permanecían colocados en instrumentos financieros o inmovilizados en una cuenta corriente, según los datos citados en la investigación.
La situación genera especial preocupación en la Séptima Sección Electoral bonaerense, donde el estado de las rutas nacionales constituye un reclamo recurrente. En Azul, empresarios vinculados a la actividad minera advirtieron recientemente sobre el impacto de la caída de la obra pública y señalaron que en algunos casos la producción se encuentra alrededor del 20% de la capacidad instalada.
Los reclamos por la falta de inversión vial no son nuevos. Desde 2024, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) viene advirtiendo que el problema no radica necesariamente en la ausencia de recursos, sino en la decisión de no destinarlos a la conservación y mantenimiento de la red vial.
La admisión del Gobierno vuelve a poner en el centro del debate el destino de los fondos específicos provenientes del impuesto a los combustibles, mientras las rutas nacionales continúan acumulando reclamos por su estado y crece la preocupación por el impacto que el deterioro de la infraestructura tiene sobre la seguridad vial, la producción y el transporte.