Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado contra un emprendimiento comercial en Mar Del Plata

La resolución judicial cuestionada fue dictada en el marco de un incidente que se había formado únicamente para llevar adelante una inspección técnica preliminar con geo radar, una herramienta solicitada para detectar posibles alteraciones, estructuras enterradas y eventuales elementos de interés probatorio en el subsuelo del predio. Es decir, ese expediente tenía un objeto específico y limitado vinculado exclusivamente a tareas técnicas destinadas a preservar y analizar posibles pruebas relacionadas con los delitos de lesa humanidad investigados en la causa principal. Sin embargo, en ese contexto se resolvió avanzar sobre la medida cautelar que protegía el predio.

La causa se encuentra actualmente en la Cámara Federal porque la primera resolución sobre los plazos fue apelada por dicha  Asociación de Familiares y, desde entonces, todas las medidas vinculadas a la cautelar fueron tratadas por dicho tribunal.

“Por eso nos preguntamos ¿el Juez Inchausti no sabe que carece de competencia para resolver sobre una medida que hoy está siendo revisada por la Cámara Federal?”, cuestionan desde la Asociación

“Nuestros abogados ya pusieron en conocimiento de la Cámara la resolución dictada y, al mismo tiempo, presentaron un pedido de nulidad por considerar que lo actuado resulta contrario a las garantías más elementales del debido proceso”, aclararon.

“Es realmente sorprendente el modo en que se está actuando en esta causa y no podemos dejar de relacionar esta decisión con el clima de NEGOCIADOS que vivimos en nuestra ciudad”, denunciaron Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado.

A su vez se refirieron a declaraciones de concejales del oficialismo de Montenegro, “sorprenden y entristecen las apresuradas declaraciones cuando hablan de “la ciudad del sí” y pretenden hacernos creer que los problemas de empleo de Mar del Plata se resuelven instalando un puesto de venta de gin en un ex centro de detención y muerte”.

“Aquí vemos el negociado de ceder un terreno de un ex campo de detención y desaparición a precio vil: 4 hectáreas por apenas $250.000 por mes. Todo esto ocurre mientras organismos de derechos humanos, víctimas y familiares seguimos reclamando memoria, preservación y respeto sobre un predio que podría contener pruebas fundamentales vinculadas al terrorismo de Estado”, manifestaron.

Y cerraron “No se puede hablar de progreso ni de desarrollo cuando se pretende transformar lugares atravesados por el horror de nuestra historia en oportunidades de negocios privados”.