El Gobierno libera el mercado de vapeadores y cigarrillos electrónicos

El Gobierno nacional oficializó un nuevo marco regulatorio que libera el mercado de vapeadores y bolsas de nicotina en Argentina, reemplazando el esquema de prohibición vigente por un sistema de registro, control y fiscalización.

La medida fue aprobada por el Ministerio de Salud mediante la Resolución 549/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece reglas claras para la comercialización e importación de productos de tabaco y nicotina de nueva generación.

Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo es implementar un modelo regulatorio que permita garantizar estándares mínimos de calidad y seguridad sanitaria. Además, justificaron la decisión al indicar que la prohibición previa no logró frenar el acceso ni el consumo de estos productos.

En ese sentido, datos recientes muestran que los vapeadores y cigarrillos electrónicos alcanzaron una prevalencia de consumo del 35,5% en adolescentes durante el último año, ubicándose entre las sustancias más utilizadas en ese grupo etario.

El nuevo esquema contempla que los cigarrillos electrónicos, dispositivos de tabaco calentado, líquidos para vaporización y bolsas de nicotina sean considerados productos elaborados con tabaco, por lo que deberán cumplir con la Ley N° 26.687.

Entre las principales exigencias, se establece la obligatoriedad de incluir advertencias sanitarias en los envases, la prohibición de diseños atractivos para menores, el uso de celebridades en la promoción y la difusión de mensajes engañosos.

Además, la normativa limita los sabores autorizados: solo se permitirán productos con sabor tabaco, y en el caso de las bolsas de nicotina, también mentol. Asimismo, se prohíben los cigarrillos electrónicos desechables con soluciones precargadas, considerados especialmente atractivos para jóvenes.

En este contexto, se creó el Registro Nacional de Productos de Tabaco y Nicotina (RNPTN), que permitirá clasificar los productos, monitorear su uso y ajustar la regulación en función de evidencia científica. Aquellos dispositivos que no estén registrados no podrán ser importados ni comercializados.

Por otra parte, las empresas deberán cumplir con requisitos técnicos y económicos, incluyendo la presentación de declaraciones juradas, fórmulas completas, estudios toxicológicos y certificaciones de emisiones. También deberán informar datos sobre ventas y perfiles de consumo.

La inscripción en el registro tendrá una vigencia de cinco años y será obligatoria para todos los productos, lo que permitirá al Estado revisar periódicamente las condiciones de autorización.

Desde el Gobierno destacaron que este nuevo modelo apunta a fortalecer la fiscalización, reducir los riesgos sanitarios, prevenir el acceso de menores y combatir la comercialización ilegal en un mercado en expansió