"Formalizar sin desfinanciar": los ejes de una reforma laboral para PyMEs y trabajadores

El equipo técnico del massismo presentó un análisis exhaustivo sobre el mercado de trabajo en Argentina, sosteniendo que "una reforma laboral debe establecer como eje central la formalización del empleo".

El documento afirma que la creación de puestos depende de la actividad económica y no de la reducción de derechos, rechazando la lógica de flexibilización normativa. La evidencia científica es contundente: se genera empleo de calidad cuando la economía crece de forma sostenida en el tiempo,

El informe advierte que el proyecto oficial representa un costo fiscal de 5,6 billones de pesos (0,7% del PBI). Este impacto recae en el sistema previsional, que reduce su recaudación en 3 billones de pesos para cubrir indemnizaciones privadas. REcursos que podrían utilizarse para aumentar el bono a los jubilados que cobran la mínima en un 120%. También se ve afectada la  la sostenibilidad de las Obras Sociales, que sufrirían una caída del 11% en sus ingresos (1,4 billones de pesos). 

Asimismo, el análisis alerta sobre vicios de inconstitucionalidad en la iniciativa oficial por haber ingresado a través del Senado pese a contener modificaciones impositivas que, según el artículo 52 de la Constitución Nacional, deben iniciarse en la Cámara de Diputados.

La propuesta del espacio busca revertir la pérdida de 224 mil puestos de trabajo registrado contabilizada desde noviembre de 2023. El objetivo es generar incentivos a sectores estratégicos de la economía que permitan revertir la pérdida de empleo. A su vez, modernizar la normativa laboral generando un marco para los trabajadores de la economía de plataformas y que no queden ajenos a ciertas garantías como sucede en la actualidad.

También se busca avanzar en ampliar las licencias parentales para que tener hijos sea compatible con el trabajo o la proyección de una carrera profesional. La propuesta también incluye incentivos fiscales a las PyMES que son las principales generadoras de empleo en nuestro país. Y por último, nuestro sistema de formación profesional debe incorporar contenidos vinculados a la Inteligencia Artificial en los servicios y la robótica en la industria.

Información clave

• Situación del empleo: Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se perdieron 224 mil puestos de trabajo asalariado registrado. El empleo privado cayó en 138.600 puestos y el sector público en 60.500. A su vez, el 43,3% de los trabajadores en argentina se encuentran en la informalidad. El problema de la creación de empleo de calidad, es el modelo económico. 
• Costo fiscal y financiamiento: El proyecto oficial implica un costo fiscal de mínima de 5,6 billones de pesos (0,7% del PBI). Con el Fondo de Asistencia Laboral se propone usar 3 puntos de las contribuciones patronales (0,4% del PBI) para despidos del sector privado reduciendo los aportes a la ANSES en un 16%. Esto equivale a aumentar en un 120% el bono que cobran los jubilados de la mínima, llevándolo a $154.000.
• Impacto en la salud: La reducción de la contribución patronal a las Obras Sociales del 6% al 5% genera una caída del 11% en los recursos del sistema y del Fondo Solidario de Redistribución.
• Inconstitucionalidad de forma: El proyecto ingresó por el Senado, violando el artículo 52 de la Constitución Nacional que reserva a la Cámara de Diputados la iniciativa de leyes sobre contribuciones.
• Retroceso en derechos: Se cuestiona la violación del principio de no regresividad, la afectación del principio protectorio y la limitación de la libertad sindical.
• Trabajadores de plataformas: El proyecto elimina la presunción de relación de dependencia para repartidores y conductores, obligándolos a inscribirse como monotributistas y asumiendo ellos sus aportes de salud y jubilación.
• Restricción del derecho a huelga: Se amplía la lista de "servicios esenciales" con una prestación mínima obligatoria del 75% y se crea la categoría de "servicios de importancia trascendental" con una cobertura mínima del 50%.
• Indemnizaciones y juicios: Se excluyen premios y el aguinaldo de la base de cálculo indemnizatorio. Se permite el pago de sentencias judiciales en hasta 12 cuotas mensuales para PyMEs.