Diputados consideraron que hubo "colaboración imprescindible" de Milei en la criptoestafa

Además, el informe le sugiere al Congreso evaluar la posibilidad de iniciar un juicio político contra Milei para investigar si existió "mal desempeño" de su parte.

"Los hechos analizados y la responsabilidad política por esta Comisión determinada, hacen necesario que el Congreso de la Nación evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones", señala el primer punto de sus conclusiones.

La Constitución señala que la Cámara de Diputados es la única que puede denunciar ante el Senado por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones.

En la comisión señalan que ellos no pueden impulsar el juicio político pero agregan que hubo negligencia, ausencia de controles y por eso sugieren que se evalúe el mal desempeño. Algo que difícilmente avance, sobre todo con la composición que tendrá la Cámara y las comisiones a partir del mes que viene.

"Posiblemente no avance pero las conclusiones no pueden estar sujetas a la nueva composición ni a especulaciones", sentenció una legisladora miembro de la comisión.

¿Vínculo previo?

El informe señala, además, que el Presidente publicó un número de contrato que no era de acceso público y que sigue sin explicar cómo lo obtuvo. Ese dato, señalan, refuerza la hipótesis de un vínculo previo y directo con los creadores de la criptomoneda.

"Estamos en condiciones de confirmar que $Libra es un esquema de fraudes planificado compatible con una presunta estafa”, apuntó el cordobés federal Oscar Agost Carreño. "Sin tuit no había estafa", agregó la peronista Julia Strada. "Se hizo uso y abuso de la investidura presidencial y se la involucró en una presunta estafa", siguió Juan Marino.

Por parte del oficialismo y sus aliados del PRO y la UCR habló el libertario Nicolás Mayoraz quien consideró que la comisión fue un "circo montado" y despotricó contra la oposición: " No pudieron disimular desde el primer momento la animosidad que tenían".

A su vez, reclamaron a la Justicia por no cooperar para que los testigos citados acudan a la comisión. Por eso, como contó Clarín, confirmaron que denunciarán ante el Consejo de la Magistratura al juez Marcelo Martínez de Giorgi y ante la Procuración General de la Nación al fiscal Eduardo Taiano. En ambos casos por mal desempeño.

En paralelo denunciarán por falta de colaboración e incumplimiento de funcionario público a distintos miembros del Poder Ejecutivo: el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, los titulares de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, además de la responsable de la Unidad de Investigación que creó el Poder Ejecutivo por el tema, María Florencia Zicavo, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Emilio Silva. Todos ellos fueron citados y no se presentaron a la comisión.

Las principales conclusiones que informó la comisión

• Que la promoción del proyecto $LIBRA no fue un hecho aislado. En diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol, en la que también participó con su promoción el presidente de la Nación.
• Que se confirman los vínculos económicos directos entre Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales. El análisis técnico de las billeteras virtuales detectaron flujos de fondos entre ellos que coinciden con los montos y las fechas señalados en la investigación. Señalan transferencias de U$S 300.000 en noviembre de 2024 (antes de $KIP) y U$S 250.000 en enero de 2025 (antes de $Libra).
• Que a través del tuit fijado en la red social X con su cuenta verificada con tilde gris institucional, el Presidente comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada, evidenciando una conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado.
• Que el Presidente no ha explicado a la fecha cómo obtuvo el número de contrato del token $LIBRA que publicó, pese a que dicha información no era de circulación pública.
• Que, sin la promoción realizada por el Presidente Javier Milei en su cuenta oficial, el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado.
• Que no existió motivo fundado para las 16 reuniones mantenidas con los actores involucrados, las cuales constan en los registros de Ingresos a Casa Rosada y Olivos y solo 4 (cuatro) de ellas en el Registro Público de Audiencias de Gestión de Intereses, pese a involucrar a personas cuya actividad encuadra claramente en la definición de gestión de intereses establecida por el Decreto 1172/03.
• Que todos los ingresos a Casa Rosada de los actores involucrados fueron autorizados y supervisados jerárquicamente por la Secretaría General de la Presidencia a cargo de la Karina Milei.
• Que Karina Milei, cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional y el acceso de los involucrados al Presidente, para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional.
• Que no existió una verdadera voluntad de investigar mediante una auto investigación encarada por el propio Poder Ejecutivo. Por el contrario, se registró secretismo y una marcada falta de transparencia tanto en la Oficina Anticorrupción como en la Unidad de Tareas de Investigación creada especialmente para este caso.
• Esta ausencia de cooperación y la escasa disposición a brindar información constituirían un incumplimiento de los deberes funcionales a cargo de Alejandro Melik y Florencia Zicavo.
• Que por lo anterior, los funcionarios Mariano Cúneo Libarona, Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva habrían incurrido en incumplimiento de deberes, dado que su accionar ha entorpecido las facultades constitucionales e investigativas de esta Comisión.
• Que existen elementos suficientes para afirmar que se habría violado la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública, en tanto el Presidente habría promovido un negocio privado contrario al ejercicio ético de sus funciones.
• Que no se recibió la cooperación institucional debida por parte del Poder Judicial ni del Ministerio Público Fiscal, a pesar de tratarse de una atribución constitucionalmente reconocida la de investigar. (DIB)