La Fiscalía Federal de Río Grande pidió la detención de 10 militares por torturas durante la Guerra de Malvinas

Los imputados en este nuevo requerimiento detentaron las jefaturas de la Brigada de Infantería III y del Regimiento de Infantería 4, así como las planas mayores respectivas. También se desempeñaron como jefes de Secciones o subalternos, acusados por imposición de tormentos en perjuicio de tres víctimas.

Rapoport sostuvo que los hechos delictivos “no fueron acontecimientos aislados e inconexos, ni respondieron a móviles personales de sus ejecutores”. Agregó que “las torturas en Malvinas fueron una práctica generalizada a la que fueron sometidos los conscriptos por parte de las autoridades militares como una forma de ‘controlar’ los problemas vitales que generaba entre la tropa la falta de distribución de víveres y abrigo” y remarcó que  “la falta deliberada de alimentos por la no distribución de los mismos fue la causa directa de las muertes de algunos soldados”.

Según consta en las distintas presentaciones de la fiscalía, las autoridades militares con asiento en las islas ordenaron y ejecutaron durante la guerra diversos actos de tortura contra cientos de soldados conscriptos, como los “estaqueamientos”, que consistieron en atar desde sus extremidades a las víctimas, y “enterramientos”, con la tierra al cuello, y la inmersión en aguas heladas, a lo que se sumó el ensañamiento con soldados con apellidos de origen judío.

La causa, que se inició en 2006, no tiene avances desde mayo del 2021, después de un pronunciamiento dictado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que, ante un recurso de casación interpuesto por una de las defensas, determinó por mayoría que otros hechos similares a los impulsados ahora no eran delitos de lesa humanidad y que, por ende, se encuentran prescriptos.