8M: Las principales demandas y desafíos en una nueva jornada de lucha feminista

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las organizaciones feministas y de diversidades vuelven masivamente a las calles de todo el país con renovadas demandas de lo que consideran un “fuerte retroceso” a partir del desfinanciamiento de las políticas de género y de la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional.

Cabe recordar que el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fecha instaurada en 1908 tras la muerte de 129 mujeres en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, tras declararse en huelga para reclamar por sus salarios y condiciones laborales.

Desde entonces, la fecha constituye una jornada de lucha y reflexión en la que se busca visibilizar las desigualdades de género que aún persisten en la sociedad. Este año, según se desprende del documento consensuado que se leerá esta tarde, la movilización en el país está signada por un momento político muy particular en el que el Gobierno de Javier Milei amenaza con avanzar contra los derechos conquistados.

Asimismo, se busca poner sobre relieve el impacto de la crisis económica en las mujeres, muchas veces únicos sostenes de hogar. Si bien habrá movilizaciones en todo el país, el foco estará puesto en la concentración principal que es en la Plaza del Congreso desde las 16 horas con punto de encuentro en el cruce de Yrigoyen y Solís, frente al parlamento.

Cabe señalar que tras la primera movilización por el Ni una Menos, el 3 de junio de 2015, las luchas feministas en la Argentina lograron mayor visibilidad bajo esa consigna que, posteriormente, se expandió a gran escala hacia varios países. En ese sentido vale repasar las principales conquistas del movimiento de mujeres y diversidades durante los últimos años.

• Primer Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina: fue uno de los ejes de reclamo del documento consensuado en el marco del primer Ni una Menos. El 25 de noviembre de 2015 fue anunciado por Elena Highton de Nolasco, por entonces vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde entonces, existen cifras oficiales respecto a los femicidios ocurridos en el país. De todas maneras, distintas organizaciones como MuMaLá y La Casa del Encuentro realizan año a año sus propios relevamientos a partir de la información surgida de los medios de comunicación.
• La Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política: fue sancionada el 23 de noviembre de 2017 y establece que las listas de candidatos al Congreso de la Nación (diputados y senadores) y al Parlamento del Mercosur deben ser realizadas “ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente”. El objetivo de la ley es garantizar que exista paridad de género en los órganos legislativos. El antecedente en la Argentina es la Ley de Cupo de 1991 –una legislación pionera en el mundo– que establecía que la representación política de las mujeres debía tener un piso del 30%.
• Ley de Identidad de Género: el 9 de mayo de 2012 se aprobó la Ley N° 26.743 en la Argentina, una medida pionera en el mundo que reconoce el derecho de las personas a ser inscriptas en su DNI acorde con su identidad de género.  De esta manera, se oficializó la primera legislación en el mundo que no patologiza las identidades trans y permite acceder al cambio registral a través de un simple trámite administrativo, sin necesidad de acreditar pericias médicas, intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales. Además, reconoce el derecho a la salud integral.
• Ley Micaela 27.499: fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.
• Ley Brisa 27.452: de reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género. Reconoce el derecho a cobrar una suma mensual y a tener cobertura de salud. Fue sancionada en 2018 por iniciativa de la ONG La Casa del Encuentro, tras el femicidio de Daiana Barrionuevo quien fue asesinada a golpes por su marido y padre de sus tres hijos en diciembre de 2014. Brisa era una de las hijas de Daiana, que solo tenía 5 años cuando su madre fue asesinada.
• Cupo Laboral Travesti – Trans: se establece que las personas travestis, transexuales y transgénero, que reúnan las condiciones de idoneidad, deberán ocupar cargos en el sector público nacional en una proporción no inferior al 1% del total de los cargos. Fue decretado por el Presidente Alberto Fernández en septiembre de 2020 y luego sancionada como Ley 27.636 en el Congreso en julio de 2021 bajo el nombre Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”. Un hecho histórico que busca reparar una desigualdad estructural que existe en la sociedad respecto a la población travesti – trans.
• Ley Nº 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE): una de las principales demandas sobre las cuales se organizaron los movimientos feministas se convirtió en ley en diciembre de 2020. El 24 de enero de 2021 entró en vigencia en todo el territorio nacional. Las obras sociales y empresas de medicina prepaga que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud, deben garantizar la prestación incorporando la cobertura integral y gratuita. El derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo está establecido hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional.
• DNI No Binario: El Decreto 476/2021 permite la opción de la nomenclatura “X” en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte, un reconocimiento a las identidades de género fuera del tradicional binomio masculino/femenino. Argentina fue el primer país de Latinoamérica en contemplar este derecho en 2021.
• Ley 27.635 de Equidad de Género en Servicios de Comunicación: busca promover en los servicios de comunicación públicos y privados la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión.