Se agudiza el conflicto por huelga de hambre y sobrepoblación en las cáceles bonaerenses

En medio del cambio de poder en la provincia de Buenos Aires entre el gobernador Axel Kicillof y María Eugenia Vidal, la Suprema Corte de Justicia bonaerense sugirió al Poder Ejecutivo trasladar algunos de los casi 50.000 presos de las unidades penales de este territorio a las prisiones federales o de otras provincias a efectos de atenuar el hacinamiento en las cárceles, calificado por la Justicia como una "crisis humanitaria".

Una semana después del comienzo de una huelga de hambre que ya alcanza al 20% de la población carcelaria bonaerense, el máximo tribunal provincial exhortó a constituir "una mesa del diálogo integrada con los organismos estatales competentes, organizaciones no gubernamentales dedicados a la protección de los derechos humanos y demás entidades o personalidades que se estime pertinente para un abordaje integral de la problemática referida a las condiciones de detención de las personas privadas de libertad".

En la Unidad 2 de Sierra Chica, más de mil reclusos siguen en huelga de hambre. Desde el Comité contra la Tortura provincial, se refirieron que están también al tanto de cada una de las novedades y en contacto directo no sólo con la jueza de ejecución penal sino también con la Defensoría Departamental. En ese diálogo se permitió conocer que al día de hoy 1300 internos -de una población carcelaria superior a las 2 mil personas- siguen en huelga de hambre desde el lunes. en reclamo por la aplicación.

La nueva administración provincial recogió rápidamente el guante. El ministro de Justicia, Julio Alak, anunció a poco de asumir que convocará a esa "mesa de diálogo" para analizar el problema de superpoblación carcelaria, situación a la que calificó como "una deuda de la democracia".

El gobernador Kicillof ya había admitido en su discurso de asunción, que en las 57 cárceles provinciales hay "severos problemas de derechos tan básicos como la salud y la alimentación que generan situaciones muy duras, inhumanas". Y culpó al gobierno saliente de María Eugenia Vidal por haber interrumpido la provisión de alimentos.

La Suprema Corte consideró que esas condiciones "tienden a agravarse en función de la elevada tasa de detenidos, el uso inadecuado de la prisión preventiva, las modificaciones al Código Penal, las leyes procesales y las dificultades en el régimen de progresividad de ejecución de la pena, siendo todo ello susceptible de generar responsabilidad internacional del Estado Argentino".

La resolución, que lleva el número 3341-19 y tiene fecha de ayer, se dio a conocer poco después de la asunción de Kicillof y de la jura de su gabinete de ministros, entre ellos, Alak, de quien depende el SPB y también la relación con el Poder Judicial.

En varios petitorios en los que también solicitaban la conformación de mesas de diálogo para buscar soluciones a la crítica situación penitenciaria, los reclusos exigían la derogación de la llamada Ley Blumberg (que entre otras cuestiones aumentó los tiempos de condena al permitir la sumatoria de penas), la reinstauración de la llamada "ley del 2x1" -por la que se computa doble cada día de prisión sin sentencia firme-, la cancelación del proyecto de nuevo Código Penal (que prohíbe excarcelaciones o salidas anticipadas a los acusados por los delitos llamados graves) y la facilitación de mecanismos que les permitan acortar el tiempo de encierro en prisión.