Desbaratan banda de prestamistas que operaban en Olavarría y Mar del Plata

En las últimas horas se llevaron a cabo allanamientos en Olavarría y Mar Del Plata que culminaron en la detención de tres personas acusadas de integrar una banda que se dedicaba al otorgamiento de micro préstamos de dinero en efectivo en la modalidad “gota a gota”, con fines de usura y lavado de activos. Parte de la misma ya había sido desbaratada el año pasado por la Policía Federal, pero se supo que seguía operando en ambas ciudades.

En el marco de la causa conocida como “Gota cafetera”, en noviembre de 2018 se había detenido a siete personas, en su mayoría de nacionalidad colombiana, que fueron procesados y embargados por la Justicia Federal. En las últimas horas se logró localizar a otras tres personas en la ciudad de Mar del Plata que realizaban el mismo delito y quienes se presume que destinaban la ganancia hacia otros sujetos en la República de Colombia.

El Juzgado Federal 1 a cargo de Santiago Inchausti ordenó el allanamiento de tres domicilios de manera simultánea: en Tierra del Fuego al 1600 en Olavarría, y en Wilde al 1900 y Daglio al 3300 de Mar del Plata. Como saldo del procedimiento se detuvo a tres personas y se secuestraron 173.545 pesos, doce plantas de marihuana, cuatro celulares, cinco notebooks y elementos de interés para la causa.

Los acusados, un hombre argentino y dos mujeres (una colombiana y otra argentina), junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa por la Ley de Lavado de Activos.

Desde la Policía Federal recordaron que los denominados préstamos "por goteo", o "gota a gota", son una modalidad de usura que pone en riesgo el patrimonio de los eventuales damnificados en caso de incumplimiento. Este perverso mecanismo especula con las necesidades urgentes de los clientes, los cuales reciben a sola firma el préstamo en efectivo, sin necesidad de presentar aval o garantía alguna.

“Debido a que la organización se encuentra al margen de los lineamientos legales, no posee la capacidad de cursar una demanda en caso de falta de pago. Por lo tanto, acude a acciones violentas hacia los clientes, quienes pueden llegar a sufrir extorsiones, amenazas físicas, daños a bienes y amenazas de muerte a familiares, para exigir y recuperar la inversión realizada”, señalaron.