

Con la llegada del invierno, el uso de las estufas es indispensable para calefaccionar los ambientes, aunque eso trae aparejado una gran problemática como es la intoxicación por inhalación de monóxido de carbono que, muchas veces, lleva a la muerte.
En este sentido, desde el bloque de senadores del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono en escuelas de la provincia de Buenos Aires.
El proyecto del oficialismo en la Legislatura bonaerense prevé que los artefactos a gas cuenten con un sensor electrónico de monóxido de carbono, que ya se encuentra diseñado y patentado por los científicos de INTEMA-Conicet, cuya señal es procesada por un circuito que cuando detecta concentración del gas produce una interrupción y corta el paso del suministro.
Además, la iniciativa establece que sea obligatorio readecuar los equipos existentes y contar con una llave disyuntora de corte por presencia de monóxido de carbono y gas natural o envasado en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.
“Es muy duro, a medida que avanza el invierno, despertarnos con noticias de muertes e intoxicaciones de alumnos, docentes y auxiliares de la educación. Es algo que se puede evitar con un simple chip y lo tenemos al alcance”, indicaron desde el bloque de senadores del Frente de Todos.
Es preciso señalar que, en Argentina mueren al año alrededor de 250 personas y 2000 sufren intoxicaciones por monóxido de carbono, produciéndose con mayor frecuencia entre los meses de mayo y septiembre, época en la que se prenden las estufas.
El fallecimiento por intoxicación con monóxido de carbono se llama “muerte dulce” y se trata de la causa más frecuente de envenenamiento tanto en nuestro país como a nivel mundial, debido a que el gas no puede ser detectado por ninguno de los sentidos.
Un hecho que sacudió a la comunidad educativa de la provincia de Buenos Aires fue la explosión de una garrafa en la escuela Nº49 Nicolás Avellaneda de la localidad de Moreno, en 2018, que le ocasionó la muerte a los docentes Sandra Calamano y Rubén Rodríguez.
En ese momento, en el que la gestión estaba a cargo de María Eugenia Vidal, Calamano había denunciado ocho veces una pérdida de gas en la escuela la cual fue revisada por un gasista matriculado quien no encontró ningún problema en la instalación.
Vale recordar que, Sandra tenía 48 años y estaba a cargo del establecimiento mientras que Rubén, de 45, se desempeñaba como auxiliar docente y trabajaba ahí desde hacía treinta años.