lunes 06 de abril de 2026 - Edición Nº1286

Regionales | 6 abr 2026

Infraestructura en tensión

Ingenieros bonaerenses advierten que la falta de inversión se convierte en accidentes fatales 

11:12 |En un contexto de retracción de la obra pública a nivel nacional, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires lanzó una dura advertencia sobre situaciones concretas en las que la falta de inversión y mantenimiento impacta directamente en la seguridad de la población.  


En un contexto de retracción de la obra pública a nivel nacional, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) lanzó una dura advertencia sobre situaciones concretas en las que la falta de inversión y mantenimiento impacta directamente en la seguridad de la población.  

“No se pueden dejar de mantener las rutas y caminos como no se pueden dejar de limpiar los cursos de agua”, enfatizó el presidente del CIPBA, Jorge Castellano, en una definición que lejos de ser abstracta, encuentra correlato en casos puntuales en todo el territorio provincial que hoy preocupan al sector profesional.  

Es por ello que uno de ellos quedó formalmente plasmado en una nota elevada por el propio Colegio a la Dirección Nacional de Vialidad, en la que se advierte sobre la situación crítica del cruce entre la Ruta Nacional N° 3 y la denominada Ruta 3 Vieja, en el corredor Bahía Blanca–Monte Hermoso. Allí, según detallaron, las condiciones geométricas del trazado —con accesos en curva, visibilidad reducida y maniobras forzadas— no cumplen con criterios básicos de seguridad vial.  

El planteo no es meramente técnico. El documento enumera una serie de accidentes fatales ocurridos en ese punto durante 2025, con múltiples víctimas, lo que refuerza la urgencia de intervención. En ese marco, el Colegio solicitó la adopción de medidas preventivas inmediatas y la priorización de la obra dentro del futuro esquema de concesión del corredor, además de ofrecer su participación técnica en el desarrollo de soluciones. 

La situación expuesta en la Ruta 3 dialoga directamente con el diagnóstico general planteado por Castellano. La ausencia de una política nacional activa en materia de infraestructura obliga a que las respuestas surjan de manera fragmentada, muchas veces con recursos limitados y sin capacidad de abordar obras estructurales en tiempo y forma. 

 En ese sentido, el titular del Colegio señaló que la Provincia de Buenos Aires intenta sostener parte de la actividad, como ocurre por ejemplo con llamado a licitación para continuar la ejecución del túnel de la avenida Illia en San Justo, una obra clave para la conectividad del conurbano que había quedado paralizada y que ahora busca reactivarse con financiamiento provincial. 

A esto se suman intervenciones de menor escala —cloacas, desagües pluviales, mantenimiento urbano— que, si bien no tienen la visibilidad de los grandes proyectos, resultan esenciales para garantizar condiciones básicas de habitabilidad. Sin embargo, incluso estas obras se ven condicionadas por un cambio profundo en el esquema de financiamiento: ante la falta de crédito, la Provincia recurre principalmente a fondos propios, lo que restringe el alcance de las inversiones. “La financiación es mucho más compleja y su alcance mucho mas reducido”, advirtió Castellano. 

Desde el Colegio de Ingenieros, el mensaje es claro: la infraestructura no puede pensarse solo en términos presupuestarios. La falta de intervención, como evidencia el caso del cruce de la Ruta 3, tiene consecuencias concretas y medibles, muchas veces irreversibles. 

 

La necesidad de una regularización urgente

 

En este contexto, la entidad no solo refuerza su rol técnico e institucional, sino que también advierte sobre los puntos críticos donde la falta de obras deja de ser un problema meramente económico para convertirse en una cuestión de seguridad pública que requiere una intervención urgente por parte de las autoridades.

Desde el Colegio pusieron el foco en la situación jurídica de las obras paralizadas —nacionales, provinciales y municipales—, detenidas por la falta de pago de certificados y de los fondos necesarios para su continuidad. 

También señalaron que los organismos responsables han suspendido su ejecución mediante comunicaciones de escaso sustento legal, transfiriendo, ante cualquier eventual incidente, la responsabilidad civil a las empresas y sus aseguradoras, y la responsabilidad penal a los profesionales intervinientes. 

Todo esto ocurre en obras que no pueden ser abandonadas formalmente y en las que, además, no se realizan tareas básicas de mantenimiento como señalización, bacheo o reparaciones. Frente a este escenario, la entidad solicitó que se regularice de manera urgente la situación particular de cada obra.

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