Nación recauda más de 2 mil millones de pesos mensuales por la venta de combustible en Olavarría

Un informe sobre la venta de combustibles en Olavarría vuelve a poner en foco una fuerte contradicción: mientras el Gobierno nacional mantiene paralizada la obra pública y el mantenimiento de rutas, continúa recaudando cifras millonarias a través de impuestos específicos que deberían financiar esas tareas. 

Durante febrero del 2026 en Olavarría se comercializaron unos 1.780.000 litros de combustibles entre gasoil, nafta y GNC, con una facturación estimada de $6.400 millones de pesos. En total, Nación recuadó 2481 millones de pesos por la venta de combustible en Olavarría.

Venta de combustible en Olavarría: lo que Nación recauda y no vuelve

Dentro de ese total, la recaudación impositiva alcanzó los $2.450 millones de pesos, es decir, el 38,4% del precio final. En términos concretos, casi 4 de cada 10 pesos que paga un usuario al cargar combustible son impuestos recaudados casi en su totalidad por el gobierno nacional.

Pero el dato más sensible está en los tributos específicos: el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), que en conjunto generaron $857,6 millones en Olavarría.

Estos gravámenes fueron creados con un objetivo claro: financiar el mantenimiento de rutas, la infraestructura vial y obras vinculadas al transporte.

Sin embargo, en el actual contexto de paralización total de la obra pública nacional, esos fondos no se traducen en mejoras concretas ni en inversiones visibles en la red vial.

El peso de los impuestos sin retorno

Si se analiza la recaudación sin IVA, los números también son contundentes: $1.110 millones, equivalentes al 17,4% del precio final, corresponden a impuestos como el ICL, Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y el impuesto al carbono.

Dentro de ese esquema, el ICL concentra el 73% de la recaudación, seguido por Ingresos Brutos (17%), el impuesto al cheque (6%) y el IDC (4%).

El resultado es un esquema en el que la Nación sigue captando recursos millonarios a través del consumo de combustibles, pero sin que ese dinero regrese en forma de obras, mantenimiento o mejoras en rutas, generando un creciente cuestionamiento sobre el destino real de estos fondos.

En un contexto de deterioro de la infraestructura vial y mayores costos logísticos, el informe expone con claridad una situación que impacta de lleno en la economía cotidiana: se recauda como si hubiera inversión, pero en la práctica no hay retorno para los usuarios ni para las economías regionales.