Colegio de Ingenieros cuestionó con dureza los rumores de desregulación profesional

La idea —presentada bajo el discurso de la desregulación y la simplificación— plantea que cualquier profesional podría ejercer en todo el país solo con su título universitario y bajo un registro nacional, libre y voluntario.

El Colegio advirtió que este planteo, difundido con insistencia desde “algunas usinas digitales”, no solo es impreciso, sino que al tener intencionalidad "es engañoso". Según explicó la entidad, la supuesta reforma alcanzaría únicamente a “algunas asociaciones profesionales no tradicionales”, lo que demuestra que el verdadero objetivo de la campaña sería “confundir al público desprevenido” y generar reacciones que poco aportan a la actividad productiva.

El comunicado recuerda un punto fundamental que suele quedar fuera de la discusión mediática: el contralor del ejercicio profesional es una potestad reservada a las provincias, nunca cedida al Estado nacional. Por eso, cualquier intento de imponer un registro único y voluntario —que ignore la existencia de matriculación, incumbencias y control disciplinario— colisionaría con la autonomía provincial, con alta probabilidad de terminar en una declaración de inconstitucionalidad si avanzara legislativamente.

El CIPBA aclaró además que algunas de las razones que alimentan esta iniciativa constituyen verdaderos mitos profesionales, como por ejemplo:

Costo productivo: se intenta instalar que la matriculación y la registración profesional encarecen la producción o impiden generar empleo, una afirmación falsa y desproporcionada, que exagera el impacto de los trámites colegiales en el presupuesto final de un proyecto.

Libertad de trabajar y contratar: se presenta la eliminación de controles como un camino hacia una mayor oferta de servicios, aunque en los hechos esto habilitaría que personas sin habilitación legal ejecuten tareas reservadas, poniendo en riesgo la calidad profesional, al eliminar los controles y la trazabilidad.

En este sentido, el Colegio subrayó que el debate omite un punto crucial: muchas profesiones, entre ellas la ingeniería, poseen actividades reservadas según la Ley de Educación Superior. Estas no fueron creadas para “beneficiar a una casta”, sino para proteger el interés público cuando la salud, la seguridad, los bienes y los derechos de la población pueden verse comprometidos.

Mientras las universidades definen los alcances generales de los títulos, las actividades reservadas son establecidas por el Ministerio de Educación junto al Consejo de Universidades, lo que demuestra que su existencia tiene fundamento legal y técnico. Un simple registro nacional —sin control territorial ni verificación disciplinaria— volvería imposible garantizar el cumplimiento de estas normas.

El problema real: la presión impositiva sobre los profesionales

Para el CIPBA, si la intención oficial fuera realmente “bajar costos”, el camino no es eliminar la matrícula, sino revisar el sistema fiscal que afecta al trabajo profesional. Hoy, más del 55% de los honorarios de los profesionales responsables inscriptos se consume entre IVA e impuesto a las ganancias; y aun en el monotributo la carga es “exorbitante”. A eso se suman impuestos provinciales como ingresos brutos, retenciones y anticipos “de corte cuasi confiscatorio”, además de los impuestos a las transacciones financieras.

El resultado es que los profesionales terminan con una carga impositiva mayor que muchas empresas, sin poder descontar gastos cotidianos vinculados a su actividad.

En este marco, el Colegio remarcó que la matrícula no es el problema, sino que es la garantía pública de que quienes ejercen lo hacen con formación verificable y sin sanciones disciplinarias. Desmantelar ese sistema solo beneficiaría a “los grandes clientes” que, sin el contralor de los colegios, podrían imponer condiciones económicas a la baja sobre profesionales altamente calificados.

“Que el árbol no tape el bosque”, concluye el comunicado. El debate sobre la desregulación profesional, sostiene el CIPBA, parece más un ejercicio de marketing político que una respuesta real a los problemas que enfrentan los trabajadores independientes y la sociedad.