Impulsan una nueva ley para financiar a las universidades, como la que vetó Milei

Un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario volvió a la agenda del Congreso y se convertirá en otro frente impulsado por la oposición que incomodará al Gobierno, que el año pasado vetó una iniciativa equivalente.

La iniciativa busca “garantizar la protección y sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina”. El tema promete tensión no solo por su impacto fiscal, sino también porque toca un punto sensible para la Casa Rosada: su vínculo con los jóvenes.

La propuesta fue presentada hoy en una cumbre que reunió a rectores, gremios docentes y estudiantiles, y contó con el respaldo de una amplia representación opositora. Participaron referentes de Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal (EF), la Coalición Cívica (CC), la izquierda, los radicales de Democracia, y hasta dirigentes de la UCR como Julio Cobos.

Los bloques presentes trazaron un plan: forzar, en la sesión especial pedida para el miércoles próximo, que las comisiones de Presupuesto y Hacienda -presidida por José Luis Espert (LLA)- y de Educación -a cargo de Alejandro Finocchiaro (Pro)- habiliten el tratamiento del proyecto. Según adelantó la diputada Blanca Osuna (UP), el plan es que se discuta en comisión el 10 y 11 de junio, se emita dictamen y llegue al recinto el día 19.

Entre los asistentes estuvieron el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, y su vicepresidente Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. También participaron Joaquín Carvalho y Albana Velozo, presidente y secretaria general de la Federación Universitaria Argentina (FUA), además de los líderes sindicales Carlos De Feo (Conadu), Daniel Ricci (Fedun), Norberto Heyaca (Fagdut), Walter Merkis (Fatun), Julio Condori Barrios y Norberto Cabanas (UDA), y Angélica Graciano, por Ctera.

Bartolacci defendió la iniciativa como una respuesta “urgente, necesaria y razonable” frente a la crisis del sistema.  “Todos creemos que la Argentina necesita una economía sólida, todos sabemos que en ese contexto de escasez hay que establecer prioridades, y nos asiste la convicción profunda de saber que la educación y la producción científica, sobre todo en un país que tiene los problemas que tiene la Argentina, debe ser una prioridad”, sostuvo.

El rector pampeano aclaró que se trata de una propuesta “razonable porque busca una solución de fondo sin comprometer fiscalmente al Estado” y destacó el respaldo ciudadano: “Fue la sociedad argentina la que, conmovedoramente, el año pasado dijo que no hay en las universidades ni en el sistema científico un problema, sino la posibilidad de encontrar una solución a los problemas estructurales que la Argentina tiene”.

Fue una referencia a la masiva movilización del 23 de abril, cuando cientos de miles de personas se congregaron frente al Congreso en defensa del sistema universitario. Fue uno de los primeros golpes simbólicos para la gestión Milei: una cosa es que se movilicen los gremios, con alto nivel de desprestigio social, pero otra muy distinta es que lo hagan los jóvenes, a quienes el Presidente intenta seducir con su discurso rupturista.