

Dicho proyecto de ley busca crear un Registro Nacional en el ámbito del Ministerio de Capital Humano, en reemplazo de las matrículas provinciales obligatorias.
En un comunicado conjunto, los colegios y asociaciones denunciaron que la iniciativa representa una grave amenaza para la organización federal del sistema profesional, vacía de competencias a los colegios y consejos provinciales, y desfinancia funciones esenciales como el control ético, la capacitación continua y la protección del ejercicio profesional responsable.
“La propuesta desconoce la autonomía de las provincias y la tradición del régimen colegiado, establecido por legislaciones locales que regulan el ejercicio profesional en cada distrito. Imponer un registro nacional único es avasallar esas competencias constitucionales”, alertaron.
Entre los aspectos más cuestionados, se señala la prohibición de cobrar cuotas o aranceles obligatorios, lo que afectaría directamente el sostenimiento de tribunales de ética, programas de formación, seguros, asesorías jurídicas y actividades comunitarias. “Sin estos recursos, se paraliza la función de los colegios y se deja desprotegida a la ciudadanía frente al ejercicio fraudulento o irresponsable de las profesiones”, indicaron.
Además, advierten que un registro nacional puramente administrativo no puede garantizar los estándares académicos ni la idoneidad profesional que exigen disciplinas como la sociología. “El control de calidad y la promoción de la ética requieren cuerpos colegiados con experiencia, no simples bases de datos”, remarcaron.
Para las entidades firmantes, el proyecto también implica una precarización del trabajo profesional al eliminar espacios de representación colectiva que han sido claves en la defensa de condiciones laborales dignas y honorarios justos. “Es abrir la puerta a la mercantilización total del ejercicio profesional y a una competencia sin reglas”, señalaron.
Finalmente, sostienen que se trata de una medida que pone en riesgo el interés público: “Los colegios no son trabas burocráticas. Son la garantía de que quienes ejercen profesiones lo hagan con responsabilidad social, sujeción a códigos de ética y compromiso con la comunidad”.
En ese marco, exigen el inmediato retiro del proyecto y llaman a legisladores de todos los bloques a rechazarlo en el Congreso. También convocan a universidades, centros de estudiantes, otras entidades profesionales y a la ciudadanía en general a manifestarse en contra de esta iniciativa. De avanzar su tratamiento parlamentario, anticiparon que impulsarán acciones judiciales y movilizaciones en todo el país.
Firman el comunicado: el Colegio de Sociólogos y Sociólogas de la Provincia de Buenos Aires, el Consejo Profesional en Sociología, la Asociación de Sociólogos de la República Argentina, Sociología del Litoral Asociación Civil, y el Colegio de Sociólogos de Santiago del Estero.