La paradoja de la inclusión: Aulas superpobladas de acompañantes y el perjuicio de los estudiantes

De acuerdo con la información reunida por esta entidad que nuclea a más de 2.300 institutos de educación, “el dictado de clases se complejiza y la burocracia estatal y de las obras sociales convierten los trámites en un engorro tanto para familias como para directivos”.

En este sentido, lo que más le preocupa a AIEPBA se relaciona con una normativa con las mejores intenciones que en la cotidianeidad escolar termina desarrollando el paradigma de la “falsa inclusión”, perjudicando directamente a los propios estudiantes.

Magalí Gentiletti, Directora del Jardín Nenelandya de Villa Ballester, describió que en el establecimiento donde se desempeña tienen salas en las que confluyen seis acompañantes a la vez, por lo que son muchos adultos en el aula. “La docente a cargo tiene que liderar las propuestas pedagógicas, pero al mismo tiempo poder gestionar el trabajo de las acompañantes para que actúen como facilitadoras y para eso se deben respetar las estrategias que planeamos previamente. Por momentos se pierde el objetivo de la propuesta pedagógica”, señaló.

Desde su lugar de trabajo, elaboraron un documento interno en el que establecieron los pasos a seguir para cada uno de los niños. Se requieren intervenciones personalizadas porque cada caso es único. “Es súper complejo porque hay que llegar a acuerdos con las acompañantes para definir cuáles son las mejores estrategias. En ocasiones tiene que ver con los tiempos, con acompañar a los niños a que salgan del aula cuando lo necesiten, a tener su kit de calma, a trasladarse a otra sala cuando haya una propuesta más adecuada. Cada estrategia es diferente”, expresó.

Desde AIEPA, manifestaron que su establecimiento no es un caso aislado ni una excepción, sino que más bien es la regla en el sistema educativo hoy, ya que los diagnósticos de estudiantes con distintas condiciones del espectro autista o trastornos en el desarrollo del lenguaje son cada vez más frecuentes.

Y añadieron que “la Ley de Educación Nacional contempla la inclusión de todos ellos, mientras que la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes estipula los procedimientos y recursos para lograr la identificación temprana de sus necesidades educativas, con el objetivo de brindarles atención interdisciplinaria y así lograr su inclusión efectiva desde el nivel inicial”.

“De esta manera el Estado garantiza el acceso de los estudiantes con discapacidad al sistema educativo, pero no acompaña brindando las condiciones para que su estadía sea en las mejores condiciones. ¿Qué tan bien la pasan los estudiantes con discapacidad en aulas superpobladas con cinco, seis adultos acompañando? ¿Qué tiempos y herramientas de acompañamiento tienen los docentes de sala a la hora de tener que coordinar el trabajo con los cinco, seis acompañantes?”, sostuvieron.

AIEPA reclamó que urge la necesidad de instrumentar más eficazmente los enunciados de la normativa. “La ley y la buena voluntad de las escuelas no alcanzan para que los chicos reciban la educación que merecen”, dijeron.

Y agregaron que “después de obtener el diagnóstico de discapacidad de sus hijos, que no es un trámite sencillo, las familias salen a buscar un acompañante terapéutico, pero se topan contra un muro burocrático: un sinfín de idas y vueltas en busca de trámites y aprobaciones por parte del Estado y las obras sociales o prepagas”.

“Las obras sociales suelen pedir todo tipo de documentación, incluidos informes médicos, evaluaciones psicológicas, certificados de discapacidad y planes de tratamiento detallados para autorizar los acompañamientos. El visto bueno demora meses e incluso años y mientras tanto el niño permanece sin la ayuda necesaria”, sostuvieron.

“Las escuelas también tienen una ardua tarea administrativa para favorecer la inclusión de los estudiantes. Los directivos deben presentar ante jefatura una carpeta con decenas de requisitos para sumar un profesional, ya sea terapéutico o educativo. Muchas veces son los inspectores quienes demoran la aprobación del proyecto de inclusión con solicitudes que solo buscan dilatar la asistencia”, analizaron.

Mientras tanto las escuelas, sus docentes y los estudiantes hacen lo que pueden en el aula. AIEPBA pidió por un mayor asesoramiento de parte del Estado a las familias y a las instituciones educativas a la hora de resolver trámites y la eliminación de tantas instancias y agilización de los mismos para hacer reales los proyectos de inclusión.

“Es imprescindible que las obras sociales y prepagas adopten un enfoque más flexible y personalizado ante las necesidades de cada uno de los estudiantes. Lo mismo para los trámites administrativos que deben realizar las escuelas. Deben ponderar las necesidades de los estudiantes por encima de toda burocratización”, reclamaron.

“Somos el nivel que detecta estas situaciones, que se pone en comunicación con las familias y sugiere que hagan consultas con los profesionales adecuados. Una vez que llegamos a esa instancia, comenzamos a tejer redes, a trabajar en equipo. Es una situación sumamente difícil que se incrementó notablemente en el último tiempo. Cada año detectamos aún más casos”, contó Gentiletti.

“Los acompañantes terapéuticos y los maestros de apoyo a la inclusión son dos actores clave en la inclusión educativa de los chicos con discapacidad, pero cumplen distintos roles”, describió Laura Giorgi, referente de Educación Especial de AIEPBA.

AIEPBA destacó otro inconveniente al cual se enfrentan los estudiantes con discapacidad, sus familias y las escuelas, que es la demora en conseguir acompañantes y la baja calificación de los mismos. Debido a la alta demanda, los bajos salarios y la falta de políticas públicas para la formación de estos nuevos profesionales, las obras sociales y prepagas no consiguen personal calificado.

En general, terminan contratando estudiantes que recién iniciaron la carrera de psicopedagogía o alguna carrera afín. Es decir, a la situación de superpoblación de acompañantes en las aulas, se suma la escasa formación profesional de los mismos.

Es urgente, planteó AIEPBA para finalizar, regular la cantidad de acompañantes y maestros de inclusión por salón, agilizar los procesos para sus ingresos a las aulas y políticas educativas que fomenten la formación de profesionales idóneos y la capacitación permanente de todos los sujetos involucrados en los lineamientos para la inclusión de estudiantes con discapacidad. En una muy buena normativa, que la implementación y sus consecuencias son paradojales, los más perjudicados terminan siendo los estudiantes.