Ley Ómnibus: Sacaron al Banco Nación de la lista de empresas a privatizar

Durante el plenario de comisiones de Diputados, el oficialismo de La Libertad Avanza ha acordado con la oposición dialoguista excluir al Banco Nación del listado de empresas a privatizar en la versión reducida de la Ley Ómnibus y la reforma fiscal. Este movimiento se produce en respuesta a las demandas de la oposición y marca un cambio importante en el curso del debate sobre la mencionada ley.

Con esta decisión, el controvertido economista Javier Milei, quien había propuesto inicialmente privatizar hasta 40 empresas, ahora buscará avanzar con la venta total o parcial de 17 compañías, excluyendo al Banco Nación de dicha lista. Es importante recordar que la privatización del Banco Nación había sido objeto de una fuerte oposición, destacándose la campaña liderada por el gremio La Bancaria, bajo la dirección del diputado nacional de Unión por la Patria, Sergio Palazzo.

La resistencia a la privatización del banco se manifestó en todo el país, con el sindicato reuniendo más de un millón de firmas en contra de esta medida.

Entre las empresas que Milei busca privatizar se encuentran Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Energía Argentina S.A. (Enarsa), y otras, algunas sujetas a privatización o concesión, como Trenes Argentinos (Sofse), AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas y Corredores Viales, entre otras.

A pesar del aparente acuerdo alcanzado, persisten diferencias significativas en puntos centrales del paquete normativo de la Ley Ómnibus. Uno de estos puntos de discordia es la reintroducción de la reforma laboral propuesta por la UCR, respaldada por el bloque que responde a Milei, pero aún no apoyada por sectores clave de Hacemos Coalición Federal y del PRO.

Algunos legisladores expresan su preocupación de que esta propuesta pueda aumentar los conflictos sociales y no están dispuestos a aceptarla en sus condiciones actuales.

El oficialismo espera obtener un dictamen favorable y llevarlo al recinto el próximo lunes o martes, en un intento contrarreloj para cumplir con los plazos establecidos por la Casa Rosada de cara al "Pacto de Mayo" que busca concretar con los gobernadores en aproximadamente un mes.