El gobierno de la provincia imputo a la empresa Worldcoin por $1000 millones

La empresa Worldcoin se encuentra bajo la mira de la provincia de Buenos Aires, ya que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica ha decidido imputarla por presuntas cláusulas abusivas encontradas en sus contratos de adhesión. Estas cláusulas obligan a aceptar términos que podrían infringir la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.

Tras una intimación por parte de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores, la empresa no respondió satisfactoriamente y se encontraron contradicciones, como el escaneo de datos biométricos de menores.

Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia, ha expresado su preocupación respecto a la situación, destacando la falta de claridad en los contratos y el manejo de datos biométricos de los usuarios.

Los contratos de adhesión de Worldcoin, que incluyen términos y condiciones de uso, aviso de privacidad y formulario de consentimiento de datos, presentan diversas infracciones según las fiscalizaciones realizadas en distintas localidades de la Provincia.

Entre las irregularidades detectadas se encuentra la falta de indicación sobre la edad mínima para acceder al servicio, lo que podría llevar al escaneo de datos de menores, así como contradicciones en el uso y almacenamiento de datos biométricos de los usuarios argentinos.

Además, se han identificado cláusulas abusivas que permiten a la empresa interrumpir el servicio sin compensación, obligan a renunciar a reclamos colectivos y establecen normativas extranjeras para residentes argentinos.

Worldcoin enfrenta multas de hasta $1000 millones por estas infracciones, cometidas en diversas localidades bonaerenses donde la empresa llevaba a cabo sus actividades, convocando a los consumidores a proporcionar datos biométricos personales a cambio de criptomonedas.

Con estas acciones, la Provincia busca proteger los derechos de los consumidores y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de defensa del consumidor.