El protocolo antipiquetes tuvo un costo operativo de $60 millones y se lo cobrarán a distintas organizaciones sociales

El Gobierno nacional realizó una denuncia judicial que por los presuntos delitos de "extorsión" y "defraudación al Estado" en relación al manejo de planes sociales, en función de las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales "se podrían relacionar directamente" con esos delitos. "Hay 32 personas denunciadas", dijo el vocero.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, en la que aseguró que identificaron a 14 organizaciones sociales entre las que nombró al Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, Libres del Sur, La Dignidad, Barrios de Pie, y el Movimiento Evita- y consignó que el gasto por el despliegue del operativo de seguridad con motivo de la marcha de protesta realizada el miércoles último ascendió a 60 millones de pesos, que "será la factura que se le pasará a los movimientos sociales".