Preocupación por la eliminación de la Ley de Alquileres

En medio de la incertidumbre, las nuevas firmas de contratos de alquiler en Argentina se encuentran en pausa a la espera de posibles modificaciones en el marco regulatorio. La situación surgió tras el anuncio del presidente electo, Javier Milei, quien aseguró su intención de derogar la actual Ley de Alquileres, abriendo la puerta a la implementación de "contratos libres" entre partes y en cualquier tipo de moneda.

Milei, conocido por sus posturas a favor de la libertad de mercado, ha reiterado su intención de eliminar la ley actual, argumentando que los contratos entre propietarios e inquilinos deben regirse por la voluntad de las partes involucradas. Sin embargo, esta propuesta ha generado preocupación entre los sectores de inquilinos y defensores de derechos habitacionales.

El diputado bonaerense por Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky, uno de los impulsores de la Ley de Alquileres vigente, destacó que la derogación de dicha ley no puede realizarse por decreto presidencial, sino que requiere un proceso legislativo. Además, señaló que aún no está claro qué apoyo tendrá Milei en el Congreso para avanzar con esta legislación.

La declaración de Milei ha tenido consecuencias inmediatas, con la suspensión de las firmas de contratos de alquiler desde la mañana siguiente al anuncio. Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, expresó su preocupación ante esta situación, especialmente por ser casi fin de mes, un momento en el que muchas personas renuevan contratos o se mudan.

Desde el sector de inquilinos, se critica la propuesta de Milei, comparándola con políticas de desregulación anteriores que llevaron a aumentos significativos en los costos de alquiler y dificultaron el acceso a la vivienda. Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario, advirtió que estas medidas podrían resultar en la expulsión de sectores asalariados al aumentar los precios de los alquileres.

La actual Ley de Alquileres, reformada hace menos de tres meses, establece parámetros como una duración mínima de 3 años del contrato, un plazo de ajuste semestral, y la fijación del precio en moneda nacional. La propuesta de Milei busca eliminar este marco regulatorio, permitiendo contratos más cortos y en cualquier moneda.

Ante este escenario, las organizaciones de inquilinos están evaluando estrategias para abordar la situación con el próximo gobierno, subrayando la importancia de la articulación con otros sectores afectados por posibles cambios en las políticas habitacionales y laborales.