Denuncian una situación grave de precarización laboral en la Dirección de Políticas de Género

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STMO) denunció esta mañana una grave situación de precarización laboral con el personal que se desempeña en la Dirección de Políticas de Género, área que depende de la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida del Municipio local.

Con contratos débiles o como monotributistas, así están desde hace años varios de los empleados y empleadas.

 En este contexto, se convocó a una conferencia de prensa que estuvo encabezada por el secretario general del gremio, José Salvador Stuppia, quien estuvo acompañado por los trabajadores de la cuestionada área.

“Queremos apelar a las nuevas autoridades que van entrando al Ejecutivo porque ellos son compañeros que están hace años trabajando precarizados y terminan sus contratos el 31 de diciembre”, comenzó contando Stuppia luego de agradecer a los medios presentes por convocarse a esta conferencia que “se llamó a último momento para tener precaución, que no nos manden a la Policía o grupos de represión”, sostuvo el sindicalista un día después de una “movida” jornada de reclamos el miércoles pasado en el HCD.

Stuppia dijo que la Dirección de Políticas de Género no es el único área donde hay trabajadores precarizados, pero enfatizó en que no es fácil detectarlos y muchos están con miedo por la misma situación de precarización en la que se encuentran.

“Este es un sindicato muy movilizado, somos alrededor de 50 personas y cuando recorremos los lugares de trabajo los esconden o no los dejan hablar”.

Explicó que “hace 24 o 48 horas que nos convocaron los compañeros para contarnos esta problemática y la verdad es que nos quedamos asombrados, pero no pudieron hablar antes por temor a  perder la fuente laboral”.

En Políticas de Género se desempeñan unas 30 personas. Siete de ellos están bajo la modalidad de monotributista y suman unos 20 trabajadores precarizados si se tiene en cuenta a aquellos que están bajo la figura de contratados y que nunca han sido pasados a planta permanente.

En este marco, “no tienen ningún derecho como trabajadores. Es una situación de inestabilidad que afecta a cada uno de ellos porque no tienen certeza si al otro día van a tener trabajo. Esto es algo detestable”, definió.

Planteó que “sabemos que éste es un fraude laboral que está legalizado por la Cámara de Diputados, pero el ánimo del monotributo era para contratar trabajadores estacionales. Acá se lo utiliza en forma habitual y permanente. Y eso es un fraude laboral que no sólo ocurre acá en Olavarría sino en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires. Rechazamos y repudiamos plenamente esta situación”.

La situación

Quienes están en esta situación laboral se desempeñan en distintas tareas dentro del área, en todos los dispositivos que existen dentro de su funcionamiento. “Esta es una dirección que acompaña a mujeres y a disidencias  que sufren o han pasado una situación de violencia. Y hay diferentes compañeros que se han distribuido a diferentes dispositivos. Tenemos una carga de 30 a 40 horas semanales”, expusieron los trabajadores en esta situación, incluso profesionales que transitan esta precarización.

Explicaron además que han planteado esta problemática a los funcionarios a cargo del área, pero sin respuesta. “Entendemos que es un derecho, estamos pidiendo trabajar en condiciones dignas. En la oficina muchas veces somos 6 o 7 trabajadores, nos prestamos las computadoras”.

“No queremos más precarización laboral, queremos condiciones dignas. Hoy somos nosotros pero siempre hay una persona necesitada de trabajo que acepta estas condiciones que no son las mejores. No queremos más que suceda eso”, plantearon.

Piden “condiciones dignas de trabajo”, tener sus vacaciones pagas como corresponde, sus aguinaldos, sus licencias por enfermedad; todo lo que cabe dentro de la ley. También “salarios dignos. Nosotros todo el tiempo trabajamos en situaciones de riesgo y estamos evaluando el riesgo de que si a una mujer la van a matar o no. Es una temática difícil que nos atraviesa desde la salud mental”, sentenciaron.

Dijeron que esta situación se vive desde 2019 en la Dirección de Políticas de Género que depende de la subsecretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida. “Se están pagando diferentes remuneraciones por el desarrollo de una misma tarea. Los trabajadores que realizan las guardias permanentes (24 horas) cobran menos que otras áreas de la misma subsecretaría y no perciben un bono por tareas de riesgo”, denunciaron.

Además, “quienes realizan la guardia telefónica cobran $383 la hora y los operadores perciben $191 por hora de trabajo. Así, el monto percibido por guardia no representa siquiera el 40% del que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género, allegados a ellas, organizaciones sociales, policía, instituciones educativas, hospital u otras áreas municipales y dependencias judiciales, realizando acciones telefónicas y/o presenciales. Se planean estrategias de intervención que incluyen acompañamiento a personas que realizan denuncias, que son derivadas a centros de atención de la salud o que requieren el ingreso a refugio para valor de la hora del salario básico (hoy aproximadamente $1100) en jornada laboral, ni el 15% del valor hora de la hora extra (aproximadamente $2000 de 9 a 21 horas y $2700 de 21 a 8 horas), sin diferenciar los montos percibidos de acuerdo con fines de semana, feriados y días no laborables. En la guardia se trabaja bajo la demanda de personas resguardo de su integridad”.

La situación de precarización laboral se traslada, además, a otras áreas. “En Desarrollo Social, administrativos también, en Salud. Lo vemos en todos lados pero lo que pasa es que se trabaja con miedo y el miedo paraliza, entonces pasa el tiempo”, dijo Stuppia.

Lo cierto es que “los equipos de trabajo actualmente están integrados, parcialmente, por personas que están bajo contrato y otras que están registradas como monotributistas, consideradas proveedoras de servicio mientras cumplen jornadas que van de las 20 a las 40 horas semanales”.

En este marco, plantearon que “este vínculo laboral es precario y tememos por la pérdida de nuestras fuentes laborales, ante un municipio que registra un importante déficit económico y con autoridades que toman licencias y se desentienden de sus responsabilidades”.

Y sostuvieron que “necesitamos respuestas, necesitamos recibir información sobre nuestra continuidad laboral”.