martes 01 de julio de 2025 - Edición Nº1007

Regionales | 20 sep 2023

DEFENSA DE CONSUMIDOR

El gobierno de la provincia multó a Rappi por casi 60 millones de pesos

La empresa, imputada en marzo, tuvo la opción de evitar esta multa pero siguió cobrando “tarifa de servicio”


El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha tomado medidas para salvaguardar los derechos de los consumidores. En este contexto, se ha impuesto una multa de 59 millones de pesos a la empresa "Rappi" y se le ha ordenado reembolsar el dinero que ha cobrado en concepto de "tarifa de servicio" a los usuarios y usuarias bonaerenses.

Esta acción se llevó a cabo después de que la Provincia imputara a la empresa en marzo debido al cobro de cargos adicionales compulsivos, una práctica que contravenía la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. La empresa tenía la opción de evitar la multa retirando estos cargos adicionales, pero optó por no hacerlo.

Además de los gastos de envío, "Rappi" ha estado cobrando, y sigue haciéndolo, un cargo adicional llamado "tarifa de servicio" que no se comunica previamente y que los consumidores solo descubren en el momento del pago.

Además, de manera innovadora, la Provincia ha ordenado a "Rappi" que establezca los mecanismos adecuados para reembolsar a los consumidores bonaerenses los montos que han pagado bajo este concepto, que se introdujo en enero de 2022 y que hasta marzo de 2023 ya ascendía a aproximadamente 13 millones de pesos. Esta cantidad, actualizada a la fecha de hoy, deberá ser devuelta a los usuarios bonaerenses.

Esta no es la primera vez que la Provincia toma medidas en este sentido. En marzo de este año, ya había imputado a las empresas "Rappi" y "PedidosYa" por prácticas abusivas similares, que incluían el cobro de cargos adicionales en los envíos, con la amenaza de multas por más de 400 millones de pesos. 

En ese momento, se constató que las empresas no proporcionaban información clara sobre la "tarifa por servicio" y obligaban a los usuarios a pagarla sin ofrecer la opción de rechazarla, lo que se consideró una práctica abusiva que aumentaba los costos para los consumidores y transfería gastos empresariales a las plataformas correspondientes.

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