

Desde un comunicado, alertaron que "hace una semana advertimos serias distorsiones en la cadena de comercialización de medicamentos que comienza con los laboratorios productores (que fijan los precios) y continua a través de droguerías y distribuidoras, hasta llegar a las farmacias", precisaron.
Además hicieron mención a la especulación de varias empresas debido a la situación política del país "algunas de estas empresas pusieron tope a la cantidad de unidades de medicamentos que le venden a las farmacias, modificaron desfavorablemente las condiciones de compra y plazos de pago, recortando los recursos de las mismas que en su mayoria son unipersonales o familiares, y afectando la posibilidad de seguir brindando un servicio de calidad a nuestros pacientes", denunciaron.
“Para agravar la situación, la mayoría de las obras sociales mantienen plazos de pago ajenos a la crisis inflacionaria actual, con tiempos que van desde 45, 60 y hasta 90 días, un factor que impacta negativamente en la economía de las farmacias y hace inviable la atención a sus afiliados”, según se informó.
Para finalizar, se advirtió que peligra seriamente el servicio farmacéutico, la atención a la comunidad y la cadena de pago, si continúan estas nuevas imposiciones comerciales y los tiempos de pago de la seguridad social (obras sociales y prepagas).