martes 23 de abril de 2024 - Edición Nº573

Nacionales | 20 dic 2018

vialidad

Autopista Ruta 3: el Gobierno nacional suspendió las obras del sistema PPP que no se iniciaron

El gobierno de Mauricio Macri frenó el Proyecto de Participación Público Privada ante la suba del riesgo país. La medida afecta de lleno a Buenos Aires que no contará con las obras viales prometidas desde 2016.


La información fue confirmada por el Ministerio de Transporte, en medio de los rumores sobre el congelamiento de obras. De esta manera, los proyectos viales que debían realizarse bajo la modalidad de Participación Público Privada (PPP) fueron congelados por el gobierno nacional “ante la suba del riesgo país y el encarecimiento del crédito”.

 

En ese sentido, las obras viales que anunciaron el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal no llegará a ser visto por los bonaerenses, al menos el próximo año. “En el Gobierno hay fuerte preocupación porque los PPP eran la gran apuesta para hacer obras públicas en un año de elecciones presidenciales y esto se frenó y quedó en suspenso”, reconocieron fuentes oficiales al diario La Nación.

 

En la Provincia, la decisión afecta a la prometida obra de autopistas de las Rutas Nacionales N° 3 y la 205 que estaban contempladas en el Corredor A. Inicialmente las obras estaban previstas para comenzar en 2016, pero finalmente se postergaron para este año. En julio de 2018, desde el Ministerio de Transporte de la Nación prometieron que las obras comenzarían en octubre de este año y “se crearán 22.000 puestos de trabajo directos e indirectos”, pero nunca sucedió.

 

En concreto, se trata de los 76 km de autopista entre San Miguel de Monte y Las Flores, sobre la RN 3, y los tramos entre Cañuelas-Lobos y Lobos-Roque Pérez sobre la RN 205 que comprendían un total de 79 km. Además el plan de obras contemplaba la conexión de la Autopista Ezeiza-Cañuelas con Ruta 3, así como la ruta segura Roque Pérez-Saladillo.

 

En la cartera de Transporte que conduce Guillermo Dietrich indican que desde febrero del 2019 las empresas tienen que comenzar a presentar los certificados de avance de obra. Si no lo hacen, pueden ser multadas, y si se repiten las faltas, el Gobierno puede dar por terminado los contratos, cobrarse las garantías (de u$s100 millones) y quedarse con las obras en el nivel de avance en que estén. Pero la idea no es llegar a eso, como para salvar algo dado que representan cerca el 30% de las inversiones previstas para el año próximo.

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